Declaración Chihuahua: acuerdos de la FENAMM

Exigen alcaldes de México equidad en participaciones del SUBSEMUN y más seguridad tras el asesinato de 19 munícipes en lo que va de la administración calderonista

La Crónica de Chihuahua
Agosto de 2011, 15:33 pm

Chihuahua, Chih.- “Hemos analizado los más importantes retos que enfrentamos los dos mil 442 municipios, y hemos coincidido en revisar de manera urgente las políticas públicas en seguridad, para emprender nuevas reformas que permitan contener el desbordamiento de la delincuencia organizada”, indicó Marco Quezada presidente municipal de Chihuahua, anfitrión de la reunión de la FENAMM en Chihuahua.

En esta reunión se llegó al acuerdo de presentar ante el presidente de Seguridad de la CONAGO el Gobernador de Chihuahua de 15 puntos, entre los que sobresale la demanda al Gobierno federal de la reorientación del gasto público a las zonas y grupos de mayor marginación en coordinación con los estados, a la cual llamaron Declaración Chihuahua.

1. Celebramos que los gobernadores de los Estados y la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) –a través de su Comisión de Seguridad Pública– estén demostrando su voluntad política para participar en este diálogo con los Municipios del país para sumar esfuerzos en la solución del principal problema que padecemos los mexicanos, la inseguridad ciudadana.

2. Reconocemos la responsabilidad social y el compromiso con el país que ha demostrado la Universidad Nacional Autónoma de México, al presentar ante la sociedad el documento “Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia”, y expresamos nuestra visión compartida con las iniciativas ahí contenidas, coincidiendo adicionalmente en su ánimo de trabajar, todos juntos y sin exclusiones, en un reto que ya desbordó a quienes tiene la competencia constitucional y los instrumentos públicos para enfrentar la inseguridad.

3. Nos pronunciamos porque el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2012 incremente en valores reales las participaciones económicas a los municipios del país, y por eso demandamos al gobierno federal la reorientación del gasto público hacia las áreas de atención social a las zonas y grupos de mayor marginación, en coordinación y operación conjunta de los programas con los gobiernos de los estados y los municipios.

4. Exigimos la inmediata restitución de los recursos del SUBSEMUN que han sido detenidos en forma reciente y que legítimamente les corresponden a los 220 Municipios beneficiarios –solamente el 8% del total–, muchos de los cuales han sido suspendidos o cancelados en forma unilateral y absolutamente injustificada, con sustento exclusivo en los excesivos requisitos burocráticos elaborados desde su origen para no cumplirse por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

5. Reiteramos nuestra exigencia por la inclusión formal e inmediata de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal –como instancia representativa de los Municipios en la materia– en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con derecho a voz y voto, y dejando atrás la visión de un federalismo excluyente al dejarnos fuera de la mesa donde se debaten y acuerdan las estrategias nacionales en la materia. Además, demandamos que el Congreso asigne recursos para la propia Conferencia y su trabajo de coordinación municipalista.

6. Demandamos al Ejecutivo Federal que establezca en forma urgente un Programa de Protección para Presidentes Municipales, ante la grave escalada de asesinatos que se continuan sucediendo en contra de Alcaldes y funcionarios municipales de las áreas de seguridad pública, con la finalidad de que entre en vigor de manera pronta y detenga la estadística ominosa que ha llevado a la muerte de 27 Presidentes Municipales desde que inició la actual Administración federal y 19 en solamente éste último año. En particular, nuevamente demandamos una profunda investigación que aclare el artero crimen del que fue víctima la semana anterior el Alcalde de Zacualpan, Estado de México, José Eduviges Nava, a la vez que expresamos nuestra solidaridad con su familia.

7. Demandamos que el Sistema Nacional de Seguridad Pública deje de utilizar el SUBSEMUN como un instrumento de coerción en contra de los Municipios, al hacer uso sesgado y partidista de dichos recursos que el Congreso de la Unión otorga a los Gobiernos Municipales, y del cual el Gobierno Federal solamente debería ser un administrador. Cabe recordar que ese Subsidio fue creado a iniciativa nuestra y que consideramos que la visión original está siendo distorsionada.

8. Exigimos también al titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública que detenga las acciones mediáticas de hostilidad en contra de los Presidentes Municipales del país, al descalificarlos en forma sistemática en los medios de comunicación y hacerlos responsables de todas las incapacidades en el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico, que sabemos todos es una competencia federal establecida claramente en nuestra Constitución y en nuestras leyes.

9. Expresamos nuestro profundo reconocimiento al Congreso de la Unión, y le solicitamos que en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2012 modifique los criterios del SUBSEMUN al señalar con claridad los Municipios y montos con que serán beneficados, evitando así la discrecionalidad de la burocracia, acotando los criterios de operación de este recurso e impidiendo cualquier manipulación indeseable.

10. Solicitamos el respaldo del Congreso de la Unión para que en el Decreto de Presupuesto 2012 de manera prioritaria se amplíen los recursos del SUBSEMUN a 6 mil millones de pesos, para que el 50% del mismo se reoriente a la seguridad preventiva y no coercitiva, como ocurre hasta ahora; que se reinstale a los 23 Municipios que fueron eliminados en el 2010 y 2011; que se aumente de 220 Municipios beneficiados en el 2011 a 300 en el 2012; que incluya a los 14 Municipios que pertenecen a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal y que no cuentan con el recurso; y que se incremente cada año en 100 Municipios adicionales beneficiados.

11. Proponemos en forma respetuosa al Congreso de la Unión que la Ley de Narcomenudeo entre en vigor y operación en forma adecuada, sin lesionar la dignidad municipal, tomando los acuerdos necesarios para que sea hasta diciembre de 2012 que inicie la vigencia de la legislación en la materia. De igual forma, solicitamos que se condicione su puesta en marcha a la asignación de recursos suficientes y sin trabas para ejercerlos; y que se exija el cumplimiento de la competencia federal, cuando se trate de delincuencia organizada y en el marco legal actual. Si fuese necesario, modificarla para clarificar los supuestos de competencia para delincuencia organizada, que le representen responsabilidades indebidas y costosas a los Municipios.

12. Solicitamos al Congreso de la Unión que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 sea creado un Fondo para Ciudades y Espacios Urbanos Seguros, por 4 mil millones de pesos, enfocados a proyectos de prevención de la delincuencia y para la generación de cohesión social en los Municipios de México.

13. Lamentamos que el Gobierno federal y la Secretaría de Gobernación no haya respondido a las diferentes solicitudes que formalmente le hemos presentado las organizaciones municipalistas para una reunión urgente, donde analicemos conjuntamente la problemática que viven nuestras ciudades en materia de seguridad pública. Nos expresamos a favor del diálogo y la construcción de soluciones concertadas, y vemos con extrañeza la falta de reciprocidad del Gobierno federal y de la SEGOB en particular.

14. Convocamos a todos los actores institucionales y sociales para que retomemos la esencia de la Policía Preventiva y de Proximidad que corresponde al orden de Gobierno Municipal, sustentando la capacitación de sus integrantes en la calidad de la relación con los vecinos, y orientada hacia la adquisición de habilidades para la debida atención de problemas sociales, comunitarios, de violencia familiar y de género.

15. Se propone al Congreso de la Unión, toda vez que comparte esa posición, la transformación del SUBSEMUN en un Fondo Especial de Seguridad Pública Municipal en el que las reglas de operación para los municipios sean claras y asequibles a su realidad.