Comisionado de Seguros de California califica como crisis humanitaria la falta de vivienda en el estado

**Ricardo Lara indicó que en el estado se deberían eliminar los obstáculos para que desarrolladores construyan viviendas.

La Crónica de Chihuahua
Mayo de 2023, 12:40 pm

Por: Jorge Luis Macías/
Especial para La Opinión

Durante la conferencia número 46 y exposición anual de la Asociación de Administración de Viviendas Asequibles del Pacífico-Sureste(AHMA-PSW), el Comisionado de Seguros de California, Ricardo Lara, consideró que hay un “estado de emergencia” para la construcción de viviendas asequibles para la población más vulnerable.

“Para solucionar el problema a largo plazo, primero es necesario reducir los obstáculos existentes en las regulaciones o leyes que no permiten acelerar la construcción de proyectos de manera más rápida y eficaz”, dijo Lara, a La Opinión.

“El estado debería aportar los recursos necesarios y aprobar los proyectos lo más pronto posible”.

Agrega que el Departamento de Seguros estaría facilitando la obtención de seguros, en el afán de ayudar a la construcción de viviendas para la gente más necesitada, las personas de la tercera edad, inmigrantes y personas con discapacidades.

“Hay que mover las regulaciones para acelerar la respuesta”, afirma.

Lara calificó como una “crisis humanitaria” la falta de vivienda en California, a la que se agregan datos críticos de California Housing Partnership, una organización sin fines de lucro integrada por expertos en finanzas y políticas de vivienda asequible y sostenibles.

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En CHPC, sostienen en su más reciente informe que el 79% de hogares de ingresos extremadamente bajos de California están severamente cargados de costos, comparado con el 6% de hogares donde los ingresos son moderados, y los inquilinos más afectados son los afroamericanos, seguidos de latinos, residentes de las Islas del Pacifico y nativos americanos.

Entre las acciones recomendadas para enfrentar la crisis de vivienda asequible, los expertos de California Housing Partnership aconsejan un conjunto de políticas a largo plazo, basadas en soluciones descritas en Road Map Home 2030, una visión de respuesta y prioridades legislativas en un periodo de 10 años.

Dicho programa sugirió la inversión de $7,900 millones en el presupuesto estatal 2023-2024; colocar el proyecto de ley AB 1657 (Buffy Hicks/D-Oakland), un bono de $10,000 millones para de vivienda asequible, en la boleta electoral de 2024; desarrollar una fuente de ingresos continua a escala necesaria durante 10 años.

En su presupuesto revisado de mayo, la administración del gobernador Gavin Newsom dio a conocer un aumento de la oferta de vivienda.

También aconsejan reducir el costo de desarrollar viviendas asequibles, aplicando el impuesto a la propiedad del bienestar de exención en el momento en que una propiedad se clasifica como vivienda accesible, disponer fondos estatales durante la construcción para reducir los costos de interés y, limitar las grandes y desproporcionadas tarifas de monitoreo estatales.

“El estado continúa implementando un conjunto integral de estrategias: mejorar el financiamiento estatal, enfocarse en inversiones de vivienda, brindar asistencia técnica, eliminar regulaciones y aprovechar las herramientas de uso de la tierra”, indica un memorando de la oficina de Newsom.

Agrega que, el estado adoptó una meta legalmente vinculante donde se solicita que los gobiernos locales deben planificar la construcción de aproximadamente 2.5 millones de unidades nuevas para 2030, y un millón de estas unidades deben ser asequibles.

“No tenemos mucho tiempo para actuar; mucha gente está siendo desalojada porque no puede pagar una vivienda”, dijo el comisionado de seguros de California, a La Opinión.

“En estos tiempos difíciles en nuestro país, las personas más vulnerables y que tienen menos recursos son las que más están sufriendo”.

“Hay que usar las herramientas que tenemos a disposición”, añadió. “Le mejor solución es resolver el problema a largo plazo, y no solo poniendo curitas sobre lo que ya sabemos que está ocurriendo, además de los desafíos del cambio climático, el autodesarrollo y el costo de la vida”.

Defensores de viviendas asequibles

Graciela Chávez, presidenta la de Asociación de Administración de Viviendas Asequibles del Pacífico-Sureste (AHMA-PSW) que funciona en el sur de California, Arizona y Nevada, destacó que, a lo largo de la historia de la organización sin fines de lucro representa a los agentes de gestión y propietarios de más de 85,000 unidades de vivienda en Arizona, Nevada y el sur de California.

“En nuestra organización [en el sur de California] tal vez tenemos entre 2,000 y 3,000 familias a las que ayudamos con vivienda de transición, temporal o permanente”, dijo. “No solamente administramos los edificios donde viven, sino también les ofrecemos todo tipo de servicios”.

Sin embargo, reconoció que miles de personas serán desalojadas próximamente, porque ya no habrá fondos de ayuda para pagar alquileres retrasados y ellos, como compañías administradoras de vivienda no han podido tomar acción para trabajar con los inquilinos sobre planes de pagos.

“Durante la pandemia, las cortes impusieron y establecieron un periodo de no desalojo y había fondos de ayuda para el pago del alquiler, pero cuando eso acabó, nosotros no pudimos tomar acción para ayudar a la gente con planes de pagos, porque solamente somos administradores de algunos lugares donde vive la gente”, agregó Jasmín Ceballos directora ejecutiva de AHMA-PSW.

“Creo que [los legisladores] no pensaron bien la idea de ese proceso cuando terminara la pandemia”, indicó. “Pero hay que aclarar que nosotros no somos los dueños de los apartamentos; lo más triste es lo que está sucediendo con la gente que está siendo desalojada y nosotros no podemos hacer nada”.

Se necesita un millón de viviendas asequibles

Reyna González, inmigrante de Mexicali, Baja California, afirma que, a sus 49 años, ha perdido la ilusión de vivir en una casa propia algún día, porque su salario actual apenas le alcanza para pagar un cuarto de $800 mensuales en la ciudad de Alhambra.

“Aunque trabaje toda la vida no voy a poder tener una casa en Estados Unidos”, dice. “Las rentas están bien caras”.

Ella trabaja como cocinera y mesera en un restaurante en la ciudad de El Monte; además limpias casas.

Su esposo Gabriel es plomero. Tiene trabajos esporádicos, y, además de tener que solventar los gastos básicos para sobrevivir y pagar el alquiler, cada 15 días deben enviar unos $200 a sus tres hijos que respaldan y que estudian en México.

La situación de Reyna y su marido es el común denominador para cientos de miles de inmigrantes que viven en precarias situaciones económicas y batallan para reunir el dinero del alquiler.

“Es difícil, pero tenemos que sobrevivir”, dice la mujer, a La Opinión.

En el sur de California, falta casi un millón de viviendas para residentes de bajos recursos como Reyna y su esposo.

De acuerdo con un informe de California Housing Partnership, más de la mitad de los renteros de bajos recursos en el sur de California están pagando más de lo que pueden pagar.

Desde el año 2000, el alquiler promedio en el estado ha aumentado un 38% ($5,750 más al año en promedio), mientras que los ingresos de casi seis millones de arrendatarios han aumentado apenas en un 7% ($4,066), basado en un ajuste real al nivel de la inflación.

De ese modo, inquilinos como Reyna deberían ganar 2.9 veces el salario mínimo estatal de $15.50 la hora, para pagar el alquiler promedio que se incrementó un 4%. Ello significa que Reyna y 1.2 millones de inquilinos con ingresos extremadamente bajos sufrieron una disminución total en el poder de compra anual de $1,684, en las últimas dos décadas.

El análisis indica que, a pesar de que California ha triplicado la producción de nuevas viviendas asequibles en los últimos cuatro años, el estado solamente está financiando el 20% de lo que se necesita para cumplir sus objetivos.

Además, el reporte señala que, en el presupuesto 2022-2023 solamente el 17% de los recursos de California son de financiamiento permanente para inquilinos, ($2,839 millones) comparados con el 97% de los propietarios de vivienda $6,040 millones).