Violencia, el mal que crece a la par del megaproyecto

**Salvador Pinal es un hombre indígena zapoteca que perdió su libertad y su propiedad. Él, junto con otros campesinos de la zona, fueron agredidos físicamente y amenazados si no permitían que un grupo criminal tomara posesión ilegal de sus predios.

La Crónica de Chihuahua
Octubre de 2024, 16:03 pm

Fuente: El Universal

Tras el anuncio del Corredor Interoceánico, delitos como el despojo, lesiones y amenazas se han incrementado en los 79 municipios de influencia del megaproyecto. Desde 2021, el gobierno mexicano reconoció el interés del crimen organizado en el Istmo.

Los dos disparos al aire impidieron que su hijo fuera asesinado a machetazos. A Salvador Pinal Meléndez ya lo habían golpeado y su cultivo de maíz había sido saqueado cuando disparó el arma. Todo ocurría ante los ojos de la policía municipal de Santo Domingo de Tehuantepec, en Oaxaca, él mismo les había llamado pidiendo auxilio porque un grupo de personas amenazaba con invadir sus tierras con violencia. Pero los elementos, recuerda el hombre, no intervinieron.

“Cuando mi hijo empezó a grabar con su celular se le fueron encima con machete. Yo tenía para mi defensa una pistola, soy honesto. Disparé al aire para que no siguieran queriendo asesinar a mi hijo. Por eso me llevaron preso”, dice Pinal, quien fue acusado de intento de homicidio y encarcelado durante tres años en el penal de Tehuantepec, tras los hechos del 20 de septiembre de 2021.

Salvador Pinal es un hombre indígena Binnizá (zapoteca) que posee un terreno de cinco hectáreas en este municipio, en la localidad de Santa Cruz Tagolaba. Su propiedad está en un lugar estratégico: apenas a unas calles de la carretera transístmica, de las vías del ferrocarril, cerca del Puerto de Salina Cruz y de al menos dos Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebi), parques industriales que el gobierno mexicano quiere concesionar a privados como parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Perdió su libertad y su propiedad. El despojo de su terreno no fue el único en la zona. Otras familias de campesinos fueron agredidos físicamente y amenazados si no permitían que un grupo liderado por dos integrantes de la comunidad tomaran posesión ilegal de sus predios. Han denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y ante la autoridad agraria, pero sus casos están congelados.

La tierra de Santa Cruz Tagolaba se volvió de alto interés para el desarrollo industrial que se prevé para el Istmo de Tehuantepec. Las expectativas sobre el megaproyecto han atraído a inversionistas interesados en tierras cercanas al ferrocarril, a los puertos y a los parques industriales, buscan adelantarse al desarrollo. Mientras la especulación crece, una ola de violencia impacta en la vida de los habitantes del Istmo de Tehuantepec.

Delitos de amenazas, lesiones, estorsión, etc., a la alza

Durante su campaña en 2018 y luego como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador anunció la inversión millonaria para la transformación industrial de la zona. A partir de entonces, delitos como amenazas, lesiones, daño a la propiedad ajena, extorsión y despojo tuvieron un incremento en los 79 municipios de influencia de Oaxaca y Veracruz contemplados en el megaproyecto, según el análisis que se realizó para esta investigación a partir de los datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública.

Los casos de despojo, como el de Tagolaba, han crecido desde 2018, cuando se presentaron 376 denuncias. Para 2021, la cifra se elevó hasta 704. En promedio, se reportan dos casos de despojo en esta zona cada día, de acuerdo a la incidencia delictiva de 2019 al primer semestre de 2024.

La situación es similar para el delito de amenazas, cuya incidencia aumentó con las primeras obras para el megaproyecto. Entre 2015 y 2018 el promedio anual fue de 766 denuncias, mientras que entre 2019 y 2024 esta cifra se triplicó: cada año hay, en promedio, dos mil 519 casos.

“Una tierra que me costó la voy a defender hasta donde se pueda. Arranqué ya todos los postes porque ellos ya habían lotificado, me quemaron mis 200 matas de limón, de coco, de ciruela. Me dio tanto coraje, pero no podía hacer nada porque la justicia estaba a su favor”, cuenta Pinal sobre la invasión de su predio, a una semana de haber quedado libre, tras demostrar su inocencia ante el sistema de justicia estatal.

El mal que golpea a todos

Hay zonas de influencia del Interoceánico donde el incremento en los homicidios dolosos resalta. Así ha ocurrido en Salina Cruz que tenía un promedio anual de 10 homicidios entre 2015 y 2018. Esa cifra creció a 24 asesinatos al año entre 2019 y el primer semestre de 2024. En Santa María Mixtequilla, las cifras marcan un máximo de cuatro homicidios antes del lanzamiento del megaproyecto. Pero a partir de 2019, año con año se incrementaron hasta que en 2023 se registraron 14 homicidios dolosos. En Matías Romero y Santo Domingo Tehuantepec hay una tendencia similar.

Evolución delictiva en territorio del Interoceánico

En los municipios de influencia del Corredor Interoceánico ha incrementado la inseguridad. Este análisis muestra el movimiento de la incidencia delictiva en 46 municipios de Oaxaca y 33 de Veracruz, todos ellos contemplados en el megaproyecto.

En el clima de inseguridad que se ha instalado en la zona, la defensa del territorio también ha registrado el asesinato de al menos tres activistas.

Noel López Gallegos, integrante del grupo Resistencia Civil Pacífica, fue asesinado tras haber sido reportado como desaparecido en julio de 2023: cuestionaba públicamente la instalación del Podebi en Santa María Mixtequilla y, ante la expropiación de terrenos, pedía una repartición equitativa para todos lo pobladores. El gobierno mexicano había pagado apenas 130 millones de pesos por 502 hectáreas, es decir 25 pesos el metro cuadrado.

Félix Vicente Cruz, agente municipal de la comunidad 20 de noviembre del municipio binnizá San Francisco Ixhuatán, fue asesinado a balazos el 13 de abril de 2023 mientras estaba en su oficina. Además de haber luchado en contra de las altas tarifas eléctricas en un lugar explotado por los parques eólicos de inversión privada, se oponía al Corredor Interoceánico y había participado en diversos bloqueos carreteros como parte de la defensa del territorio en Oaxaca.

“Un acto de violencia directa contra quienes defendemos la tierra, el territorio y los derechos humanos; estos hechos se dan en el marco de la imposición del Corredor Interoceánico, contra las organizaciones que nos oponemos a la imposición, el despojo, saqueo, contaminación y muerte de nuestros bienes naturales y territorio, que este proyecto traerá a la región del Istmo de Tehuantepec y el Sur-Sureste Mexicano”, dijo a través de un comunicado la organización Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) sobre este homicidio.

En 2022, hombres armados dispararon en contra de Erick Sánchez y Jesús Manuel García Martínez, ambos defensores de la tierra y opositores al Interoceánico a causa de los despojos que el megaproyecto ha dejado en la región. El ataque ocurrió en Santa Cruz Tagolaba y terminó con la vida de García Martínez, mientras que Sánchez quedó lesionado.

Inseguridad, el obstáculo a vencer

El Istmo de Tehuantepec es un coctel de cultura y tradición, mezclados con conflictos ancestrales por la tenencia de la tierra. A su vez, llevan años coexistiendo con los intereses empresariales y del crimen organizado. Un megaproyecto en este territorio se enfrenta a esa diversidad de problemas de seguridad.

En febrero de 2021, el Centro Regional de Fusión de Inteligencia del Sureste (Cerfi-Sureste) realizó un diagnóstico delictivo sobre el Corredor Interoceánico. Determinó que dada la derrama económica que se prevé habrá “nuevos conflictos territoriales, sociales y de la delincuencia organizada por aprovechar las oportunidades económicas que dicho proyecto generará”, de acuerdo a la presentación encontrada en los correos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), filtrados por el grupo de hackers Guacamaya.

En el documento se menciona también la presencia de comunidades indígenas que se rigen por usos y costumbres “originando conflictos sociales por la disputa de tierras, resultando en homicidios y enfrentamientos armados entre grupos de campesinos e indígenas”.

Sobre Veracruz, explica que “ha prevalecido un clima de inseguridad” por la confrontación de los grupos delictivos, quienes suelen difundir videos en redes sociales para amenazar a sus contrincantes, evidenciar a autoridades coludidas y anunciar “limpias”. Aquí, según el informe, están presentes células del CJNG, los Z Vieja Escuela y el Cártel del Golfo. Se señala un incremento en homicidios dolosos y extorsiones, “presumiéndose la disputa de las organizaciones delictivas por el control del territorio que ocuparía el Corredor Transístmico”. Las principales actividades delictivas son tan diversas como en Oaxaca, agregándose el robo de ganado y de transporte de carga.

Pugnas entre grupos criminales, perjudican a pobladores

La intervención del crimen organizado ha sido desde entonces una preocupación para el gobierno mexicano de cara al desarrollo del Corredor Interoceánico, así quedó asentado en el oficio de marzo de 2021 que envió el General de Brigada Antonio León a Natalia Barón Ortiz, secretaria técnica de la Coordinación territorial para la Construcción de la Paz en Oaxaca. Se le informó que el objetivo de la reunión a la que la llamaban era “llevar a cabo diversas acciones para atender las demandas de los grupos sociales y disuadir a los grupos delictivos que buscan beneficiarse a costa del desarrollo del proyecto”, se lee en el oficio también encontrado en los correos electrónicos de la Sedena.

En agosto de este año, el capitán Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) —-una organización mayoritariamente indígena que se levantó en armas contra el gobierno mexicano en 1994— hizo público un posicionamiento en el que afirma que “los llamados megaproyectos no derivan en desarrollo. Son sólo corredores comerciales abiertos para que el crimen organizado tenga nuevos mercados”. El EZLN señala la pugna entre cárteles rivales por el tráfico de personas y drogas, pero también por el monopolio del cobro de piso, tanto en el Tren Maya como en el Corredor Interoceánico.

El Capitán Marcos habla de una “costosa” operación mercantil entre los gobiernos y el crimen organizado, en la que, ante la ausencia del Estado, el crimen se hace presente. “La pérdida es para quienes sobreviven en esos lugares”, recalca. “El Estado piensa que los del llamado Crimen Organizado son sus sirvientes y van y vienen según se les indique o se le obligue. Por esa creencia es que se llevan las sorpresas que padecen”, remata.