EE UU puede vetar el vuelo a viajeros desde España a Cuba, Canadá y México

Hernando Calvo Ospina, periodista colombiano de 51 años, colaborador de Le Monde Diplomatique y residente desde hace 25 en París, se quedó el pasado 6 de mayo en tierra, en el aeropuerto de Madrid-Barajas, porque un funcionario de la Embajada estadounidense le impidió embarcar a un tercer país: Cuba. Un vuelo directo a La Habana que no hacía escala en Estados Unidos. Él lo cuenta así: “Me pidió mi pasaporte y me dijo que no podía subir al avión porque la ruta sobrevolaba durante unos minutos el espacio aéreo estadounidense y yo estaba en una lista de personas que pueden atentar contra EE UU. Yo había hecho ese mismo vuelo el octubre anterior y no me había pasado nada”.

EE UU y la Comisión Europea firmaron el pasado diciembre un acuerdo —aprobado en abril por el Parlamento Europeo— que obliga a las compañías aéreas europeas a suministrar al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional estadounidense datos de pasajeros, pero solo de vuelos con origen o destino en EE UU. El acuerdo, conocido como PNR (de registro de datos de pasajeros) no sería aplicable, por tanto, a este caso. ¿Qué ocurre entonces? Las autoridades norteamericanas exigen unilateralmente desde marzo a todas las aerolíneas europeas, a través del programa Secure flight overflight, que envíen antes del despegue el nombre, la fecha de nacimiento y el sexo de los pasajeros de aviones que sobrevuelen el espacio de Estados Unidos.

Las razones que alega EE UU son de seguridad: la posibilidad de que uno de los viajeros secuestre el avión y cambie la ruta. Por eso, los que están en su lista de indeseables no vuelan aunque no vayan a pisar suelo estadounidense. Las líneas aéreas están obligadas a meter en el sistema informático correspondiente los datos de los usuarios de estas rutas (si no lo hacen, no pueden volar), y Washington bloquea directamente la emisión de tarjetas de embarque de los que aparecen en sus listas.

Esta práctica no está amparada por el acuerdo entre la UE y EE UU
Cuando esto sucede, la aerolínea no puede hacer nada más que llamar a los funcionarios estadounidenses, a los que se permite operar en aeropuertos españoles en virtud de un acuerdo firmado en 2009 entre EE UU y el Ministerio del Interior. Los norteamericanos pueden interrogar al pasajero y son quienes deciden si finalmente puede volar. Además, al tener Washington en su poder desde marzo los datos de viajeros a terceros países, puede conocer, por ejemplo, cuántas veces ha viajado una persona a La Habana y con quién.

¿A cuánta gente afecta esta política estadounidense? En España, a miles de pasajeros con tres destinos: Cuba, México y Canadá. Implica a dos compañías españolas (Air Europa e Iberia) y a dos aerolíneas extranjeras que operan vuelos desde España (Aeroméxico, y Air Transat). Cuando se compran billetes a Toronto, Montreal, México D. F. o La Habana, lo último que puede imaginar el pasajero es que sus datos van a ser cedidos a EE UU. A pesar de ello, ninguna de las cuatro compañías informa debidamente. Iberia —con varios vuelos semanales a Cuba y a México—, Air Europa —con seis o siete vuelos semanales a La Habana— y Aeroméxico no lo hacen. Las dos primeras aseguraron a EL PAÍS que van a empezar a hacerlo en breve. Air Transat es la única que avisa, pero en la pestaña de información para viajeros de su web, no en el momento de comprar el billete.