21 de junio de 2015 - 11:19 am
Por La Crónica de Chihuahua
A pesar de diversas medidas adoptadas por el gobierno federal y el Poder Legislativo, el robo de hidrocarburos es un problema que supera el ámbito económico y que se ha convertido en un riesgo para la seguridad nacional.
Así lo determina un estudio realizado por el Senado, en el que refiere que aún con todas las medidas que se han tomado para enfrentarlo su crecimiento ha sido exponencial, principalmente desde 2011, y las acciones penales, según la información de la PGR, no son suficientes.
El análisis del Instituto Belisario Domínguez con motivo de la nueva Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos contra el Patrimonio Nacional en materia de Hidrocarburos —la cual castiga la ordeña de ductos hasta con 60 años de prisión y con 18 años de cárcel a dueños de gasolineras que alteren las bombas— refiere que esa legislación tiene un gran reto.
“Lo fundamental es que el Estado cuente con nuevos elementos para acompañar a Pemex contra un delito cada vez más complejo”.
De acuerdo con información de Pemex, las tomas clandestinas aumentaron sistemáticamente, sobre todo a partir de 2011, cuando el número se duplicó en comparación con 2010, al pasar de 691 a mil 324 tomas ilícitas, que significó el robo de 2 millones 986 mil barriles de combustible.
En 2010, el estimado fue de un millón 959 mil barriles, es decir, 52 por ciento menos que en 2011.
El informe de Pemex señala que los poliductos son los más vulnerados por delincuentes, al concentrar mil 45 tomas; en oleoductos a cargo de Pemex Refinación se encontraron 279; en ductos de Pemex Exploración y Producción se registraron 39 tomas y en líneas de Pemex Gas y Petroquímica Básica 56 ordeñas.
Destaca que entre 2011 y 2012 el número de tomas aumentó 32 por ciento, al pasar de mil 324 a mil 749, si se le agregan la sustracción ilegal de combustible en refinerías, terminales de almacenamiento y reparto, terminales marítimas y residencias de operaciones portuarias, las pérdidas fueron superiores al presupuesto asignado a la Secretaría de Energía en 2013 (3 mil 294 millones de pesos).
“Aunque los datos no son coincidentes, en 2013, la Sener informó que el robo de combustible ascendió a 5 mil millones de dólares anuales”, indica el Senado.
En 2014, el subdirector de Distribución de Pemex Refinación, Francisco Fernández, informó que el robo de combustible alcanzó la cifra histórica de 4 mil 127 tomas clandestinas, 57 por ciento más que en 2013.
Entre las acciones para combatir el delito está un acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional en 2010 para crear la unidad enfocada al robo de hidrocarburos, en el que participaron Pemex, la Policía Federal, la PGR y la Secretaría de la Función Pública.
Además, Pemex aplicó la Estrategia Integral de Abatimiento del Mercado Ilícito, con el apoyo de la Sedena, Marina, PGR y Policía Federal.
El segundo informe de la administración de Enrique Peña Nieto señala que el gobierno participó con el Grupo de Coordinación Operativa-Hidrocarburos, dirigido por la PGR y la colaboración de Gobernación y la Policía Federal para integrar y operar casos relacionados con organizaciones dedicadas al robo, trasiego y comercialización de combustible.
El Senado ha buscado aportar en la lucha contra el robo de hidrocarburos con propuestas para crear comisiones especiales, exhortos a funcionarios, requerimientos de información entre otras acciones.
Milenio