13 de julio de 2017 - 11:27 am
Por La Crónica de Chihuahua
(El autor es un chihuahuense nacido en Guazapares, es Doctor en Desarrollo Económico por la London School of Economics, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor-investigador en la División de Ciencias Económico-administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo, de la que es director.)
En el marco del TLC, a partir de 2008 las exportaciones de azúcar a Estados Unidos ingresaban libres de aranceles. En abril de 2014 alcanzaron un pico de 175 millones de dólares, provocando una queja de la Cámara de Comercio de aquel país, a resultas de lo cual en octubre siguiente, por un nuevo acuerdo, en lugar del libre paso aplicarían restricciones como precios mínimos, cantidades de azúcar refinada admitida, y esto solo en ciertos meses. Catalizó el conflicto la creciente demanda de las “melt houses”, industria que convierte azúcar granulado en líquido para endulzar alimentos, y que prefiere azúcar mexicana, más competitiva que la ofrecida allá por el monopolio de las refinadoras Imperial y ASR. Así pues, respondiendo al reclamo empresarial, y en franca violación al TLC y al tan traído y llevado “libre comercio”, Washington impuso un arancel complementario de 17% a nuestras exportaciones, pretextando supuestos subsidios a la producción y prácticas de dumping (vender un producto en el extranjero por debajo de su precio o de sus costos de producción en el país de origen); esto según el Departamento de Agricultura (USDA), juez y parte, sin el aval de ningún organismo internacional como la OMC. En diciembre fueron levantados los aranceles, a cambio de que México limitara sus exportaciones.
El azucarero es un sector agroindustrial muy importante. Opera en 57 ingenios en 15 estados, genera 930 mil empleos directos y aporta el 11.4% del PIB primario. El sector cañero está compuesto por 200 mil productores. México es el séptimo productor mundial de azúcar y sexto exportador (USDA); en la zafra invierno 2013 a primavera 2014 se produjeron 7 millones de toneladas y en la de este año se esperan más de seis. Con una demanda interna de 4.3 a 4.5, quedan excedentes de 1.2 a 1.4 millones, una cuarta parte, que debemos exportar, de la cual 72% a Estados Unidos, importante productor, pero cuyo elevado consumo lo convierte en el tercer importador. De México procede una tercera parte de sus importaciones: este año 1.1 millones de toneladas.
A nuestro excedente azucarero contribuye la desmedida importación de jarabe de maíz de alta fructosa, empleada para endulzar refrescos y otros alimentos y que, como sustituto, quita mercado al azúcar. Y aunque razones las hay, nuestro gobierno no ha obrado con la debida energía para limitar su importación, que además entra a precio de dumping: 50% por abajo de su precio allá (Unión Nacional de Cañeros); y el problema se agrava: según la oficina del Censo de Estados Unidos, desde la entrada en vigor del TLC las importaciones pasaron de 46 mil toneladas a 903 mil; se multiplicaron por veinte (El Financiero, 7 de junio de 2017). El gobierno, demasiado “cauteloso”, por usar un eufemismo, no toca a ese monstruo y desampara así a cañeros e ingenios nacionales.
Pues bien, a principios de mayo pasado arrancaron las más recientes negociaciones. Los industriales americanos nos exigían reducir la cantidad exportada de azúcar refinada y aceptar solo la estándar morena, limitando el nivel de procesamiento, y, consecuentemente, su valor agregado. Ya desde 2012 exportábamos 47% de azúcar cruda y 53% de refinada, pero esto cambió desde este 6 de junio con el nuevo acuerdo que suspende los aranceles complementarios impuestos por EE. UU. y cancela, por lo pronto, las cuotas de compensación (hasta de 43%) con que nos amenazaban para resarcirse de supuestos subsidios y dumping mexicanos; a cambio, redujimos la exportación de azúcar refinada: de 53 a 30% del total; exportaremos menos producto de alto valor agregado y se nos condena, mediante chantaje y un grosero uso de la fuerza, a exportar más materias primas de bajo valor: el azúcar crudo cuesta 130 dólares menos que el refinado. Mientras tanto, las importaciones de fructosa americana permanecen intactas, y seguirán aumentando. ¿Dónde queda entonces el “libre comercio” del TLCAN?
Pero aun concediendo el beneficio de la duda, en cuestión de subsidios al campo Estados Unidos carece de todo derecho a quejarse, pues los aplica espléndidamente a su producción agropecuaria: en el quinquenio 2000-2005 otorgó 611 mil 300 millones de dólares, veinte veces más que lo erogado por el gobierno mexicano, y esto se consolidó después en la Farm Bill de 2014; en cierta medida ha logrado así saturar nuestro mercado con producción barata de maíz, sorgo, arroz, leche. La leche es uno de los productos más subsidiados por su gobierno, que compra los excedentes para asegurar mercado y un amplio margen de utilidades a los ganaderos: por cierto, somos el principal comprador del exceso de leche estadounidense. Podemos ver entonces que el libre comercio en su forma pura, como se enseña en las escuelas y se pregona en la prensa, ha estado ausente: siempre ha habido, aun dentro del TLCAN, acciones de proteccionismo norteamericano; incluso al firmar el tratado impusieron como condición un acuerdo paralelo leonino sobre el azúcar. Se ve, pues, el carácter asimétrico del libre comercio: libre de un lado, protegido del otro; el pueblo le llama ley del embudo.
Como colofón de las recién concluidas negociaciones, se afectará el mercado de la industria mexicana de azúcar refinado, sobre todo en las empresas menos competitivas; habrá de reducirse la producción, aumentando el desempleo en toda la cadena productiva: en obreros de la agroindustria, y en el sector agrícola en el cultivo de la caña, entre ejidatarios, transportistas, cortadores, etc. Además, al acrecentarse el excedente de azúcar aumentará la oferta interna, y presionará el precio a la baja, en daño de los cañeros, cuyo pago está ligado al precio final del dulce. El nuevo acuerdo es entonces factor de freno a exportaciones, producción, inversión y empleo.
Ante estos avatares y reveses en nuestras relaciones comerciales, se impone la necesidad de una defensa enérgica de los productores y trabajadores mexicanos, posible solo con un gobierno popularmente respaldado, no uno sometido al interés del gran capital internacional dominante. Si así ocurriera, sería posible aplicar una política espejo mediante aranceles complementarios a la fructosa, pagando con la misma moneda a las empresas americanas que hoy nos amargan la vida. Necesitamos también fortalecer el mercado interno, elevando el ingreso para que los mexicanos puedan consumir, en la medida necesaria y saludable, el azúcar y otros alimentos aquí producidos, reduciendo así el efecto negativo de shocks suscitados en la disputa por mercados. En fin, estamos, triste es decirlo, en la condición tradicional de los países pobres, vendedores de materias primas baratas, padeciendo las desventajas en los términos del comercio entre centro y periferia, como las llamó Raúl Prebisch, en una lamentable muestra de que no hemos conquistado aún nuestra verdadera independencia ni un desarrollo económico propio.