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**En realidad, el objetivo es alcanzar y mantener el control del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Federal ¡hasta el 2026!, concluye Luis Javier Valero, periodista y analista político radicado en Chihuahua.
La Crónica de Chihuahua
Abril de 2021, 21:32 pm
La maniobra extrajudicial mediante la inclusión de "contrabando" de un artículo transitorio adicional a los 12 transitorios que ya contenía el texto de la Reforma al Poder Judicial, en el que se extiende dos años el período del cargo del presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, tiene más fondo que el que se alcanza a ver a simple vista.
Así lo argumenta Luis Javier Valero, periodista y analista político radicado en Chihuahua:
El artículo transitorio aprobado por el Senado prolonga de cinco a siete años los nombramientos de los seis consejeros de la Judicatura en funciones, lo que contradice el artículo 100 de la Constitución: “Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período”.
Contradice, además, el artículo 97 constitucional: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”.
De ese modo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), quedaría en manos de funcionarios afines a Morena.
“Los consejeros que seguirían hasta 2026 son: Bernardo Bátiz, designado por el presidente López Obrador, así como Loretta Ortiz y Verónica de Gyves, nombradas por el Senado, que debían salir en noviembre de 2024, pero ahora continuarían hasta noviembre de 2026. Bátiz, quien para 2026 tendrá 90 años de edad, fue el procurador de Justicia del Distrito Federal durante el Gobierno de López Obrador en la Capital; Ortiz es una académica y exdiputada de Morena que desde hace años ha apoyado al presidente”. (Nota de Grupo REFORMA, 17/IV/21).
Por su parte, la cercanía con el presidente López Obrador, de Verónica de Gyves, no podía ser más estrecha, pues fue la procuradora de Justicia cuando AMLO era jefe de Gobierno de la capital y es esposa del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Rafael Guerra, quien fue, por puritita casualidad, el defensor de López Obrador en el juicio de desafuero.
Guerra Álvarez y De Gyves son compadres de Rosa Icela Rodríguez, la flamante secretaria de Seguridad Pública del Gobierno federal.
No es poca cosa lo que intentan hacer. El Consejo de la Judicatura es el encargado de administrar, vigilar e imponer sanciones a jueces y magistrados de más de 850 Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito en el país.
Ahora estarán controlados por funcionarios que forman parte del círculo de confianza del presidente, con lo que se pondrá en jaque la independencia del Poder Judicial y la vigencia de la división de poderes.
Los encargados de vigilar el funcionamiento de ese poder han sido nombrados, casi, como si formaran parte del gabinete presidencial.
No garantizarán la independencia del Poder Judicial, concluyó el periodista.
La Crónica de Chihuahua es un diario independiente, enfocado a describir las singularidades y la cotidianidad de la comunidad chihuahuense.