Ante el agravamiento de delitos de alto impacto, la 4T se desentiende: Observatorio Ciudadano

**Presentación del Análisis del comportamiento de delitos 2020. Enfoque en homicidio doloso. Observatorio Nacional Ciudadano.

Análisis del comportamiento de delitos 2020. Enfoque en homicidio doloso. Observatorio Nacional Ciudadano.

La pandemia ocasionada por COVID 19 ha significado la pérdida de la vida de por lo
menos un millón de personas en el mundo y más de 70 mil en México, según datos oficiales; ha impulsado una crisis económica profunda que implica desde la pérdida de fuentes de ingresos para las familias, hasta la contracción de las economías nacionales, siendo el caso mexicano uno de los más graves del mundo.

La pandemia por COVID 19 ha puesto en jaque a la administración pública, tanto al
sector salud -que en México ya desde 2019 vivía una crisis de desabasto sin precedentes-, como al sector de seguridad y justicia. Recordemos que la administración federal distrajo -para atender esta pandemia- los recursos destinados a policías y procuración de justicia, dejando en situación de inoperabilidad a una parte importante de nuestro aparato policial y ministerial.

El 2020 fue un año decepcionante en materia de seguridad:

El gobierno federal favoreció una estrategia de comunicación política en medio de una crisis económica y sanitaria

La tasa de víctimas de homicidio doloso descendió 1.3% respecto a 2019. Esta disminución es mínima comparado con otros delitos, y solo es un reflejo de la pandemia.

La tendencia provisional a la baja de los delitos patrimoniales repuntaron respecto al
periodo previo. En especial, el robo a transeúnte creció 13% respecto al primer
semestre de 2020.

La violencia de género se agudizó. La trata de personas aumentó 0.7% y la violencia familiar creció 3.7% respecto al año anterior.

La baja en la tasa de las víctimas de homicidio doloso fue una de las consecuencias de la disminución de la movilidad en el contexto de COVID-19, en particular por el descenso de diciembre.

No existe evidencia de que se esté revirtiendo la tendencia del homicidio doloso.

Homicidio doloso

Colima, Baja California y Guanajuato se mantienen como las entidades más letales.

Preocupan los casos de Zacatecas, que presentó un aumento de víctimas de 65.4%,
y Yucatán (con un aumento de 64.7%).

Las entidades con las mayores tasas de homicidio doloso permanecen en el noroeste y en el bajío del país.

Secuestro y extorsión

Se ha observado una disminución sostenida del secuestro durante esta administración a nivel de Fuero Federal. Sin embargo, a nivel de Fuero Local se observaron aumentos en las víctimas de Chihuahua (+ 59%), Sinaloa (+ 55.9%) y Aguascalientes (+ 52%).

La tendencia de la extorsión presentó un pico en septiembre de 2019. Desde entonces, la tendencia nacional del delito ha ido a la baja. No obstante, preocupan los casos de víctimas en Michoacán (+ 1352%) y Sonora (+ 240%).

Violencia familiar

Las entidades que presentaron mayores aumentos durante 2020 fueron el Estado de
México (+ 80.5%), Sonora (+ 50%) y Colima (+ 32.5%).

Las entidades que encabezaron el ranking durante 2020 fueron Colima (tasa 554.14),
Nuevo León (tasa 329. 76) y CDMX (tasa 317.74).

Delitos patrimoniales

Las tasas de robo a casa habitación, robo a negocio, robo de vehículo y robo a
transeúnte tuvieron un repunte a partir del desconfinamiento.

En 2020, documentamos 10 malas prácticas en los informes mensuales de seguridad pública

Errores y malas prácticas metodológicas identificadas

*Ajuste de tendencia lineal incorrecto a partir del inicio de la administración en turno.
*Contradicción con informes de gobierno provenientes de la misma institución.
*Cambio de pendiente de la recta de tendencia sin motivo.
*Ajuste de tendencia lineal sin considerar datos extremos (efecto pandemia).
*Cálculo de estadísticos rebuscados que no respetan las características de las series ni la ocurrencia de datos extremos por efecto pandemia.
*Interpretación de efectos causales por la detención de lideres criminales.
*Uso dual de datos absolutos y relativos de incidencia delictiva.
*Doble contabilidad de delitos con disminución.
*Eliminación del narcomenudeo como delito de alto impacto.
*Ausencia de nota metodológica.

La persistencia de estas malas prácticas es consistente con una estrategia de comunicación política

Efectos

*Comunicación de tendencias erróneas.
*Análisis parcial de los datos.
*Reflejo de las fallas de comunicación internas de la SSPC.
*Favorece matices políticos al interpretar la información.
*Perpetua la falta de transparencia.
*Sesga las decisiones de política.

Homicidio doloso

El gobierno federal presenta mes con mes su reporte de delitos. Sin embargo, la metodología y el uso de indicadores genera confusión.

La gráfica sobre homicidios presenta información mensual, pero resaltan la tasa de crecimiento entre años, 2019 y 2020, lo cual no es observable en la imagen que presentan.

Además, los cortes a los periodos tienen que ver con cuestiones políticas y no necesariamente con factores que puedan afectar al comportamiento de los delitos, como la pandemia de COVID19.

De esta forma, las decisiones de política pública podrían ser en función de que el problema aun se encuentra en su máxima expresión y aún no se ha logrado disminuir la crisis de homicidios.

Si se busca resaltar el cambio porcentual de homicidios entre 2019 y 2020 de 0.4%,
se debería mostrar una gráfica anual. Esto permite observar que la diferencia entre 2019 y 2020 es prácticamente inexistente.

A falta de políticas públicas observables, hay evidencia para afirmar que el ligero
descenso de los homicidios se debe al confinamiento y no a alguna estrategia.

A pesar de ello, el descenso de los homicidios es menor al observado en los demás delitos. A pesar de ello, el descenso de los homicidios es menor al observado en los demás delitos.

Si bien es cierto que la velocidad de crecimiento de los homicidios comenzó a ralentizarse, la ligera tendencia a la baja que se observa sucede a partir de marzo de
2020, justo del inicio de la jornada de sana distancia.

La (in)coherencia de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública

En el 2020 la violencia homicida se mantiene en un máximo histórico. Así lo indican las cifras del SESNSP.

Este escenario es resultado de falta de coherencia entre las políticas con las que se pretende “pacificar al país” y de la incongruencia entre lo prometido en campaña y lo realizado como gobierno.

México no ha sido pacificado, sino militarizado. La defensa nacional es una labor secundaria del Ejército que ahora crea empresas para administrar aeropuertos, aduanas, puertos y trenes.

La exoneración del ex titular de la SEDENA, el General Cienfuegos, es la muestra más clara del poder de las Fuerzas Armadas y del menosprecio del gobierno federal por la justicia.

Hechos
En dos años de gobierno han sido asesinados 16 periodistas (Reporteros sin Fronteras, 2020) y 30 defensores de derechos humanos (ONU-DH, 2020).

Respuesta gubernamental
A pesar de ello, el gobierno federal decidió recortar el presupuesto para estos temas.
• En 2019 los recursos del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas obtuvo 20% menos recursos que el año fiscal previo.
• En 2020 el Fideicomiso 10232 por el que se operaba el Fondo de Protección fue eliminado.

Resultado
601 periodistas y 1,020 defensores de derechos humanos han quedado vulnerables a cualquier agresión.

Con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, se estima que el
presupuesto destinado a seguridad disminuyó en alrededor de 7.6% con respecto al de 2019 (datos de la Cuenta Pública).

Para 2021, de acuerdo con el PEF se estima que el monto destinado a seguridad se incremente en 2.6% con respecto al de 2020. No obstante, en 2021, los recursos destinados a seguridad serán menores a los del 2019 en 5.2%.

El “presidente más feminista de la historia” (Sandoval dixit): La (in)coherencia de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE DELITOS 2020 Considera que las causas de los feminicidios y homicidios son las mismas. Minimiza la violencia de género al sostener que la mayor parte de las llamadas de auxilio al 911 son falsas. Presume la paridad de género en su gabinete, pero no se reúne con los familiares de las víctimas.

Destacan 2 patrones:

La incidencia de feminicidios, la respuesta tardía del sistema de justicia y la creciente emergencia social.

La incidencia de homicidios sociopolíticos que suponen severas restricciones al ejercicio de derechos dirigidos a periodistas, ambientalistas y policías.

Estos patrones plantean retos para la definición de estrategias diferenciadas para la contención y prevención de la violencia que no han sido atendidas de manera oportuna por el gobierno federal y los gobiernos estatales.

En 2020, la Fiscalía General del Estado de Veracruz reclasificó 49 feminicidios cometidos en 2018 sin explicar a detalle los motivos

De acuerdo con la fiscalía: “se reclasificaron algunos delitos de feminicidio como homicidio doloso de mujer al no detectarse las razones de género para ser
considerados como feminicidios y otros se determinaron como hechos no constitutivos de un delito”.

Sin embargo, tras un semestre de peticiones del ONC, ni la Fiscalía ni el SESNSP aclararon técnicamente y caso por caso porqué se determinó la ausencia de razones de género.

No se distingue un compromiso por parte de las instituciones con la transparencia y rendición de cuentas.

Sin las modificaciones y reclasificaciones, Veracruz era la 2da entidad con mayor tasa de feminicidios detrás de Morelos en 2019. Tras la reclasificación de la información, la entidad se ubicó en el 6to lugar.

La incidencia de homicidios de policías es persistente.

Michoacán
LUGAR: Aguililla
DELITOS: Homicidios múltiples
VÍCTIMAS: 13 policías asesinados
FECHA DE LOS HECHOS: 14 de octubre de 2019 y 10 de enero de 2020 OBSERVACIÓN: Se identificaron dificultades para rastrear sus casos en la estadística de incidencia delictiva
Refleja condiciones estructurales de violencia e inseguridad más allá de “puntos de inflexión”
Los avances judiciales no fueron suficientes para dar con los autores de los homicidios, tuvo que ocurrir un enfrentamiento para dar con los responsables.

¿Qué factores explican la persistencia de estos homicidios?

*Profunda debilidad institucional
*Crimen organizado y violencia política
*Crimen organizado y violencia política

Homicidio de ambientalistas

Según el último reporte de la organización ambientalista Front Line Defenders (2020), América Latina es la región más peligrosa del mundo para defender los derechos ambientales, terrestres y humanos. Brasil, Colombia, México, Honduras y Guatemala son evaluados como los países más peligrosos para los ambientalistas.

En México la investigación de los delitos ambientales no es prioritaria; y la protección a quienes defienden el ambiente es escasa.

En 2019 se registraron 39 ataques a personas defensoras del ambiente; de los cuales, 15 fueron asesinadas (Centro Mexicano de Derecho Ambiental). Entre las víctimas registradas ese año, se encuentra José Luis Álvarez “Tío Guato” quien fue asesinado en junio de 2019, tras denunciar la complicidad de las autoridades en la
explotación ilegal de bancos de arena en Tabasco.

La emergencia sanitaria durante 2020 no inhibió las agresiones contra personas defensoras del ambiente:

Adán Vez Lira, opositor a los proyectos de minería a cielo abierto fue asesinado el 8 de abril de 2020 en el municipio de Actopan, Ver. Las autoridades estatales no se interesaron por esclarecer los hechos. Cuatro meses después del homicidio, no habían ningún avance en la investigación.

Homero Gómez González, defensor de las reservas de oyamel donde transita la mariposa monarca, murió en circunstancias no esclarecidas en enero de 2020. Gómez
formaba parte de las brigadas de vigilancia que realizaban los ejidatarios de Ocampo, Michoacán para inhibir la tala ilegal. De manera casi simultánea, fue privado de la vida Raúl Hernández, quien era guía de turistas en el santuario de la mariposa monarca.

No hay responsables en prisión por ninguna de estas muertes.

El periodismo y los medios de comunicación a dos años de gobierno

Desde hace un par de años, México ha sido considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Sin embargo, en la Estrategia Nacional de
Seguridad Pública (2018-2024), el Programa Nacional de Desarrollo (2019-2024) y en el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana (2020-2024), no se
identificó ninguna estrategia al respecto.

El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas contabilizó en junio de 2020 un total de 1,621 registros, de los cuales 601 son periodistas y 1,020 son defensoras de derechos humanos. Sin embargo, el pasado mes octubre la Cámara de Diputados eliminó el fideicomiso que garantiza la subsistencia del Mecanismo y su reingeniería.

Tipo de agresores:

*65.7% Servidores públicos
*25.3% Particulares
*9.0% No han sido identificados

Tipo de agresiones y ataques:

*Secuestros
*Agresiones físicas
*Amenazas cometidas por su profesión

Compleja situación de seguridad ante próximas elecciones

Acorde con nuestro proyecto Delitos electorales: incidencia y evolución más allá de los partidos políticos documentamos que en 2018 ocurrieron las elecciones más violentas en México.
• Entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019, Oaxaca concentró la mayor cantidad de presidentes municipales y alcaldes asesinados seguido del estado de Veracruz.

En ese mismo periodo asesinaron a 24 funcionarios municipales:
• 8 regidores
• 8 directores
• 3 síndicos
• 5 otros funcionarios.

Compleja situación de seguridad ante próximas elecciones

El próximo proceso electoral se inserta en un escenario de violencia política en contra de servidores públicos y candidatos a algún puesto de elección popular. En todo el país, entre diciembre de 2018 a noviembre de 2020 se han registrado un total de 52 asesinatos cometidos en contra de algún funcionario público*.
(*Redacción. (11 de noviembre de 2020). Van 9 alcaldes y 19 exalcaldes asesinados en el actual sexenio. Alcaldes de México , págs. https://bit.ly/2XTD4GV)

Ante este escenario, el gobierno federal más que privilegiar una estrategia de comunicación política que niegue o minimice la falta de seguridad, debe velar por la contención y prevención tanto de las diversas actividades delictivas como de la
violencia política.

Conclusiones:

1.- Es difícil asegurar que la disminución porcentual de 0.4% en números absolutos de las víctimas de homicidios (que equivale a 1.28% en tasas por 100 mil habitantes) sea un éxito derivado de una acción o política pública de la autoridad federal.

2.- Este porcentaje refiere más bien a la estabilización de la tendencia de homicidios en el punto más alto del que se tiene registro.

3.- No se observa alguna política pública especifica a la que se pueda vincular con este descenso mínimo. Es importante no confundir a los ciudadanos sobre el comportamiento independiente de los delitos, con la –inexistencia de– política pública exitosa.

4.- La ligera tendencia a la baja se observa a partir del inicio de la pandemia. Marzo fue el mes con más victimas desde que se tiene registro, y la disminución de la
movilidad y de vulnerabilidad de las personas tan solo tuvo un efecto mínimo en el número de víctimas de homicidio.

5.- Hasta noviembre, 2020 seguía siendo el año con más víctimas. La disminución anual se debe a un descenso importante en el mes de diciembre. Para hablar de una
tendencia efectivamente a la baja, debería existir evidencia de descensos continuos y constantes. El descenso de un mes puede deberse a efectos estacionales, o de características específicas del mes.

6.- A pesar de las deficiencias aún existentes en el registro e investigación de los
feminicidios —todavía 3 de cada 4 se investigan como homicidio doloso de mujer— 2020 fue el año con más víctimas de este delito desde que se tiene registro.

7.- En medida que se los semáforos pasaron a naranja u amarillo en diversos estados del país, se observa un crecimiento 7 importante de los delitos patrimoniales.

8.- El recorte presupuestal que han tenido diversos programas en materia de seguridad, así como la desaparición de fideicomisos suponen riesgos específicos para el funcionamiento institucional, el pleno ejercicio de derechos, así 8 como dificultades en la implementación de la propia ENSP.

Recomendaciones

1.- Sacar la política de los planes y programas de seguridad:
* El presupuesto no debe ser manejado políticamente
* La comunicación debe ser clara y transparente sustentada en datos y con metodología clara y replicable
* Forzar la información no sólo confunde a la ciudadanía si no favorece la toma de malas decisiones de política pública.

2.- Retomar los sistemas de acompañamiento para mujeres y familias víctimas de la violencia
* 2019 y 2020 han sido los años más violentos para las mujeres, niños y adultos mayores.
* El abandono de las políticas de protección de estos favorece que sean vulnerables, sobre todo en un contexto de pandemia.

3.- Es importante poner atención y desarrollar estrategias específicas para la prevención y reducción de homicidios de personas vulnerables como periodistas, defensores de derechos humanos y del medio ambiente. Estos delitos exhiben la debilidad del sistema y demuestran que existe violencia política que trasciende al número de víctimas.

4.- Se debe poner particular atención al desarrollo de una estrategia de seguridad puntual, preventiva y no meramente reactiva, de cara al proceso electoral de 2021.