Argentina frente a los fondos buitre

Abel Pérez Zamorano

La Crónica de Chihuahua
Agosto de 2014, 09:33 am

(El autor es un chihuahuense nacido en Témoris, municipio de Guazapares. Es Doctor en Desarrollo Económico por la London School of Economics, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y Director de la División de Ciencias Económico Administrativas (DICEA) de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), para el periodo 2014-2017.)

Argentina enfrenta una andanada mediática y jurídica como el más reciente episodio de una historia cuyos antecedentes más inmediatos ocurrieron en diciembre de 2001, cuando en un hecho histórico de ejercicio de la soberanía nacional, el Gobierno declaró la cesación de pagos de una gigantesca deuda que impedía toda posibilidad de progreso, y cuyo monto alcanzaba los 144 mil millones de dólares (mdd) ; ello permitió al país salir de la trampa de la deuda, de ese agujero negro que se traga la riqueza de las naciones pobres. En los días que corren, los medios presentan dolosamente a una Argentina abrumada por sus crónicas deudas, nuevamente en impago y víctima de la mala política económica aplicada por los gobiernos recientes. El escándalo mediático, basado en la orden de un juez de Nueva York sobre la deuda argentina, pretende hacer aparecer a Argentina como morosa y crearle mayores dificultades económicas. Para explicar esto, vale recordar que en los años posteriores a la cesación de pagos de 2001 (entre 2005 y 2010), Argentina logró reestructurar su gigantesca e impagable deuda. Con ello el débito se redujo en 60 por ciento, mediante la aplicación de “quitas” (rebajas del total a pagar, a cambio de que el deudor se comprometa a cubrir el total finalmente aceptado por ambas partes). Así se reestructuró el 93 por ciento, y se fue pagando, pero un pequeño grupo de fondos de inversión (siete por ciento del capital adeudado y 0.45 por ciento de los acreedores), los fondos buitre, como los llaman en Argentina, se negaron a participar y exigieron el pago íntegro de la antigua deuda. Acudieron a los tribunales en Estados Unidos y han mantenido desde entonces un tenaz litigio que ha llegado incluso hasta el embargo del buque insignia argentino, la fragata Libertad, retenida en Ghana en 2012. A la cabeza de esta guerra financiera destaca NML Capital, cuya sede está, curiosamente, en las Islas Caimán, o sea, experto evasor de impuestos.

Y como parte de la deuda está sujeta a leyes estadounidenses, un juez de Nueva York, Thomas Griesa, ha ordenado que el Gobierno pague la deuda a los ya mencionados fondos (alrededor de mil 500 mdd) antes de seguir haciendo pago alguno a los reestructurados, que, insisto, representan el 93 por ciento de la deuda y a los que se viene pagando puntualmente; de hecho, hace unos días se les entregaron 650 mdd. Pero el juez y los fondos buitre no están solos: a ellos se han sumado para completar la trinca las agencias calificadoras Standard & Poor’s y Fitch, afirmando que Argentina incurrió en default, o sea, en incumplimiento en el pago en el plazo pactado; obviamente eso implicaría caída en la calificación de la deuda y que Argentina pague intereses más altos; de facto se le estaría excluyendo de los mercados financieros internacionales. Por su parte, el ministro de Economía argentino refuta la acusación de default argumentando que el Gobierno no se rehúsa a cumplir y está pagando: depositó a sus deudores 539 mdd, que vencían a finales de julio, pero la orden del juez impide que se ejecute la transferencia de los fondos. Añade que si Argentina pagara la deuda no reestructurada a los fondos buitre en los términos reclamados, los otros fondos, los que sí aceptaron las quitas y la reestructuración, exigirían lo mismo, y el monto del débito se triplicaría, resultando, ahora sí, impagable. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en voz de su secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena, ha declarado también que no hay tal default, sino un litigio sobre el pago de la deuda: “De alguna forma depositó el pago. El pago está por allí, detenido por un juez. Él es el que no ha permitido que ese pago se realice…”. Joseph Stiglitz ha agregado que los fondos buitre crean una confusión legal para provocar un aumento en el precio de los bonos y luego venderlos más caros; o sea, sacar ganancia a río revuelto con la especulación.

Una elemental revisión de los indicadores económicos de Argentina indica que, en efecto, las condiciones no dan lugar al pretendido default, y algunos muestran incluso un sorprendente desarrollo. La economía, aunque ciertamente ralentizada por la crisis mundial, no da muestras de agotamiento: es la tercera de América Latina, después de Brasil y México y su producto interno bruto (PIB) per cápita fue el año pasado superior al nuestro (19 mil 189 dólares contra 15 mil 931); ocupa el sitio 52, y México el 63. Su deuda pública como porcentaje del PIB, 47 por ciento, es bastante manejable en comparación con otras: la de Estados Unidos es de 94; la de Francia 103.8; Grecia 164.3, e Italia 131. Según cifras del Banco Mundial, desde el año 2001 el desempleo ha bajado: de 18.3 por ciento a 7.2 en 2012. Los empresarios allá sí pagan impuestos: la recaudación fiscal es la más elevada en Latinoamérica, sólo después de Brasil; pasó de 21 por ciento del PIB en 2001 a 37.3; su Índice de Desarrollo Humano es el más alto de la región, sólo debajo de Chile y Cuba; su balanza comercial es superavitaria después de 2001, y no tiene problemas serios en la balanza fiscal; el Índice de Gini es más bajo que el de México, lo que indica menos desigualdad. Todo esto nos revela una economía sólida y dinámica, no propensa a caer en impago, de donde se concluye que este affaire de los fondos buitre es una estrategia jurídico-mediática promovida desde las altas esferas del capital mundial para golpear al Gobierno argentino. Se muestra con esto el carácter rapaz de la deuda cómo mecanismo de sometimiento, de despojo de riqueza y de control político por parte de los países ricos sobre los llamados “en vías de desarrollo”; así se explica que la decisión de un simple juez pueda poner en vilo a un país entero, comprometer su desarrollo y el bienestar de millones de personas e imponer altísimos costos al acceso al financiamiento; por ejemplo, si Argentina pagara la deuda de acuerdo con la orden del juez, el desempleo se elevaría considerablemente. Pero el asunto tiene también propósitos políticos, concretamente, obstaculizar el crecimiento económico en este año de elecciones al Congreso para abrir paso a la oposición, y, a la postre, crear inestabilidad económica e inconformidad que propicien la derrota del proyecto político de Cristina Fernández, cercano a Rusia, China y Brasil, y alejado de la órbita de Estados Unidos. En fin, en este contexto se hace más patente aún la necesidad del banco de desarrollo recién fundado el grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) para liberar a los países débiles de todos los fondos buitre que, como a Prometeo, los devoran en vida.