Criminalización de la población callejera en la CDMX

REPORTAJE ESPECIAL

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Martín Morales

Lo que planea el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) no es un censo formal de la cada vez más creciente “población callejera” para buscar solución a los múltiples problemas que las aquejan, sino realizar nuevos diagnósticos sobre la subcultura de la sobrevivencia que existe en la capital del país y rediseñar los programas asistenciales de la administración en turno.

El 16 de junio de 2016 se presentó el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de Poblaciones Callejeras, impulsado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que firmó y publicó el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera en la Gaceta Oficial del Gobierno de la CDMX.

El protocolo incluyó un acuerdo para levantar un censo de las poblaciones callejeras con el objetivo de saber a ciencia cierta quiénes las integran y, también, un compromiso explícito de las autoridades de la capital de la República para evitar su desalojo y criminalización. Ninguna de las dos acciones se ha cumplido hasta ahora.

El gobierno local habla ahora de la elaboración del censo, pero a la fecha carece tanto de la metodología como del equipo técnico indispensable para realizar este trabajo, que tampoco ha sido acometido ni encomendado al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), porque su metodología estadística está específicamente abocada a conteos en hogares y personas legalmente identificables.

El secretario de Desarrollo Social (Sedeso) capitalino, José Antonio Amieva Gálvez, ha dicho que las personas en “situación de calle” podrían ser entre tres mil 700 y cuatro mil 500, datos que proceden de un listado de beneficiarios del programa invernal que el propio gobierno capitalino instrumenta para ofrecer cobertores, comida caliente y estancia nocturna a personas que viven en las calles. Es decir, estos datos oficiales, no incluyen a los muchos indigentes que no recurren a estas donaciones.

Luis Enrique Hernández Aguilar, director de la organización El Caracol, que se dedica a brindar atención a este grupo vulnerable, dijo a buzos: “La metodología de la Sedeso es contar a la población a partir de su programa "Frío invierno, calor humano", pero al contar solamente a la población que se acerca a pedir esos servicios, no están haciendo un censo, sino un padrón de beneficiarios, que es limitado.

También, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), hay 260 puntos en la ciudad en donde existe población callejera, pero no nos dicen cuántas personas hay en cada punto identificado. No tenemos datos.

“Quien sí se ha ocupado de contabilizar como categoría a la población callejera es el Instituto de Asistencia e Integración Social (IAIS), desde el año 2006, y ha presentado distintos datos sobre cuánta población vive en las calles. El último lo dio 2015 y era de tres mil 750 personas. El anterior fue de cuatro mil 14. Lo que nosotros estamos planteando es que metodológicamente no ha sido claro cómo han hecho estos conteos.

“Hay instancias encargadas de contar a la población, que en este caso es el Inegi, y ellos contaron siete mil personas viviendo en las calles de la CDMX. Esos datos tendrían que hacerlos públicos, pero en realidad se han ido rastreando dentro de su base de datos, porque lo que ellos están contando es población sin hogar, como categoría”, dijo Hernández

“La propuesta que han venido haciendo varias organizaciones es utilizar la metodología que se ocupó en Chile, Barcelona y Madrid, para contabilizar a la población callejera que se basa en lo siguiente: Se buscan voluntarios. En Chile, por ejemplo, fueron aproximadamente 15 mil.

Y en una sola noche éstos cuentan a la gente que está viviendo en las calles, la que está en alberges, en puntos de reclusión, y estos datos resultan ser lo más cercano a la dimensión de lo que significa vivir en las calles. Con esto, lo que se trata de proteger es la variable de movilidad, porque una persona en la calle no está siempre en un mismo lugar; puede estar en varios en un solo día, en tres días o en una semana”, planteó el director de El Caracol.

El citado protocolo se presentó como una acción “magnánima” del jefe de gobierno. Sin embargo, fue elaborado para cumplir globalmente con una serie de recomendaciones emitidas en los últimos años por la CDHDF, a fin de atender a las frecuentes violaciones que las personas de las ahora llamadas poblaciones callejeras sufren de parte de las autoridades, ya sea por desinterés hacia sus necesidades y derechos, estigmatización social, criminalización e incluso campañas de “limpieza social”.

El documento citado derivó, en rigor, de las recomendaciones 23/2009, 13/2011; 7/2015 y 8/2015 y del Informe especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Poblaciones Callejeras 2012-2013, en el que se exigió desplegar una política de atención de largo alcance, que requiere necesariamente de la elaboración de un censo de esa población.

En medio del desorden y el desinterés oficial, lo que se ha desarrollado en las calles de la CDMX es una subcultura de sobrevivencia en la que participan personas que carecen de familia y de derechos humanos, sociales y políticos; que están expuestos a la discriminación social sistemática, a la criminalización de parte de otras personas y de las autoridades y al desalojo reiterado o sistemático de los espacios públicos que eventualmente ocupan.

Población callejera y pobreza

De acuerdo con especialistas, una de las razones centrales de la existencia de poblaciones callejeras es la pobreza, aunque no es el único factor. En la CDMX esta población ha crecido a la vista de los ciudadanos, aunque no necesariamente crezca en los conteos estadísticos oficiales.

En la CDMX, según la estadística disponible, la pobreza no ha aumentado en la magnitud del incremento nacional 2010 y 2012, e incluso el rango de la pobreza extrema se habría reducido en 68 mil personas. Sin embargo, la capital mexicana es la ciudad que tiene la mayor cantidad de población callejera del país, aunque el número exacto aún no se establezca.

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) entre 2010 y 2012 el número de pobres aumentó en dos millones, al pasar de 53.3 a 55.3 millones, de los que 43.9 millones estaban en pobreza moderada y 11.5 en pobreza extrema.

En 2010, la CDMX tenía dos millones 525 mil 792 personas en condiciones de pobreza, de un total de ocho millones 797 mil 84, es decir, el equivalente al 28.7 por ciento. En 2012 había dos millones 565 mil personas pobres, lo que representó el 28.9 por ciento del total. Es decir, aumentó del 28.7 al 28.9 por ciento de 2010 a 2012.

El 22 de marzo de 2016 Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), presentó en Santiago de Chile el Panorama Social de América Latina 2015, en el que resaltó que por cada punto porcentual de aumento en la pobreza, la indigencia se incrementa en 0.6 por ciento, lo que establece una clara relación entre el crecimiento de la pobreza y la generación de población callejera.

Luis Enrique Hernández, director de El Caracol, señaló con respecto a este tema:
“La pobreza es una variable en la formación de poblaciones callejeras; debemos tomar en cuenta que en la medida en que haya mayores niveles de pobreza estaremos encontrando más personas viviendo y trabajando en las calles”.

Sobre el mismo asunto, Alfredo Nateras Domínguez, especialista en culturas juveniles, doctor en ciencias antropológicas y maestro en psicología social de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), expuso: “Yo creo que la pobreza es una las situaciones clave para entender a esta población.

Habla de la crisis del proyecto neoliberal, aplicado no solo en México sino en América Latina; estas poblaciones de la precariedad, y los más precarios en términos de sujetos y de actores, son las juventudes.

Esto tiene que ver, justamente, con que el Estado benefactor se desdibujó. Hay programas muy coyunturales. Lo que se necesita es una política de Estado más allá del gobierno que corresponda en términos partidistas.

Tiene que haber políticas de Estado para problemas de esta naturaleza, que tardan muchos años en solucionarse; además, deben ser políticas con una visión de derechos humanos y de construcción de ciudadanía”.

Sin claridad oficial

El 14 de junio de 2016, luego de entregar tarjetas de pensión a un grupo de adultos mayores, el titular de la Sedeso capitalina, José Ramón Amieva Gálvez, hablaba de la inminente presentación del Protocolo sobre Poblaciones Callejeras, que sería presentado el día 16, y expuso que el censo previsto en el documento sería un diagnóstico sobre la situación en la que viven esas personas.

“Lo primero que se va a hacer de acuerdo con el Protocolo, no es un conteo, ése es otro punto; las personas en situación de calle no se cuentan; es un censo donde podamos saber de dónde provienen, cuáles fueron las causas por las que entraron en situación de calle, cuáles son sus relaciones familiares y sociales para que los podamos ayudar”.

El 16 de junio de 2016, cuando se publicó el Protocolo, Perla Gómez Gallardo, presidenta de la CDHDF, dijo sobre el censo: “justo es una de las partes que este Protocolo que se publicó el día de hoy por el Jefe de Gobierno va a permitir. Se va a hacer una metodología que vea el tema de las propias movilidades, qué tienen las multifactorialidades, qué tiene también la cuestión de lo que implica el vivir y sobrevivir en la calle, lo que permitirá saber la magnitud de lo que implica a las personas que están en esta situación, para justo hacer esta atención diferenciada, atención integral para que tengamos estos insumos”.

Gómez tenía en claro la naturaleza del censo a realizar: “Sabemos que hay ciertos lugares donde tienen principalmente algún tipo de residencia, pero esa misma movilidad es lo que dificulta luego la documentación”.

Además del factor movilidad, destacó la falta de identificación legal de las personas en condición de calle, como obstáculo para censarlas y promover su inclusión en programas de atención. “(…) el hecho mismo de que no haya un derecho a la identidad, propicia que tampoco haya una forma certera de tener este tipo de cómputo para saber cuántas personas están en esta situación.

Ya se está regularizando, incluso, en varios operativos que ha hecho la propia Comisión, de acompañamiento en territorio, identificando puntos donde están las poblaciones, se ha podido identificar niñas, niños o personas incluso ya adultas, que no tenían un registro y que se les está dando gratuitamente por el Registro Civil (…)”.

Miles en situación de calle

Es un hecho que hay miles de personas sobreviviendo en las calles de la CMDX, pero no se sabe con exactitud quiénes y cuántos son. Sin embargo, se puede inferir su número, considerando el conteo que entre 1995 y 2005 efectuó la Oficina de las Naciones Unidas para la Atención de la Infancia (UNICEF), que contabilizó más de 13 mil menores de 18 años viviendo en las calles capitalinas, niños que hoy son adultos y quizá hayan procreado. Hay personas que tienen 30 años viviendo en la calle y familias enteras, como destacó el director de El Caracol.

En el reporte informativo 131/2010 de la CDHDF, sobre la mesa de análisis de derechos de las poblaciones callejeras, organizado ese año por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se cita que en el Diagnóstico de Derechos Humanos del DF, llevado a cabo por organizaciones sociales y la CDHDF, se resaltó que entre 1995 y 2005, en la CDMX había 13 mil 371 niños de la calle (dato coincidente con el de la UNICEF) y más de seis mil personas en condiciones de indigencia.

La UNICEF hablaba de más de 13 mil 300 niños de la calle, pero la realidad nos ha mostrado que hay una diversidad de personas, comentó a buzos Hernández, de El Caracol, quien resaltó que desde 2002 se usa el concepto de poblaciones callejeras precisamente porque hay una diversidad de grupos sociales viviendo en las calles de la CDMX.

Son personas de prácticamente todas las edades, de ambos sexos, e incluso algunos extranjeros. Por todo ello, se puede inferir que la población callejera capitalina se ha incrementado en los últimos años.

En su comparecencia de julio de 2016 ante diputados locales, el titular de la Sedeso reconoció que la cantidad de personas en situación de calle se ha incrementado debido a factores sociales, económicos, y hasta por decisiones personales, pero dijo no tener certeza sobre cuántas personas son.

Se limitó a decir que en 2012 se habían contabilizado cuatro mil 500 personas, pero no detalló la forma en que se obtuvo esa cantidad. Sin embargo, como se ha expuesto, estos números son extraídos de las bitácoras de aplicación de un programa social.

Morena: líder en desalojos

José Ramón Amieva había destacado el 14 de junio de 2016 que entre las tres mil 700 y cuatro mil 500 personas en situación de calle, el 50 por ciento se ubicaban en la delegación Cuauhtémoc, que gobierna Ricardo Monreal, del partido Morena, quien de cualquier manera ocupa hoy el primer lugar en desalojos policiales de población callejera.

En la misma oportunidad, Amieva evitó precisar el número de las poblaciones callejeras que existen en las delegaciones políticas gobernadas por su partido, el de la Revolución Democrática (PRD).

Sobre la distribución de las poblaciones callejeras en la CDMX, la titular de la CDHDF, Perla Gómez, expuso el 16 de junio de 2016, cuando se dio a conocer el Protocolo, que hay puntos bien conocidos en donde se concentran personas de la calle, como la zona de Artículo 123 –desalojados el ocho de febrero pasado–; La Ciudadela –echados en octubre de 2016–, que corresponden a la delegación Cuauhtémoc, aunque dijo que los hay en toda la ciudad. “Pero más bien, lo que se ha identificado es que en casi todas las delegaciones hay en menor o mayor medida algún sector o grupo que está sobreviviendo en la calle”.

Criminalización de indigentes

Sobre las estrategias del gobierno capitalino, a partir de la publicación del Protocolo, el 16 de junio de 2016, Amieva aseguró que no implicarían ejecutar una “limpieza social”.

El 14 de junio, luego de entregar tarjetas de apoyo social a un grupo de personas de adultos mayores, el titular de la Sedeso dijo que la puesta en vigor del citado Protocolo no sería motivo para criminalizar a personas en situación de calle.

“Esa parte la vamos a seguir desarrollando y trabajaremos con los vecinos; yo con todo respeto hacia quienes hayan dicho que fueron asaltados por personas en situación de calle, pues que me digan, pero que no se criminalice”, afirmó.

La tarde del ocho de febrero de 2017, decenas de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los activistas sociales calcularon 300, desalojaron a un grupo de aproximadamente 40 personas en situación de calle que vivían en un improvisado campamento instalado sobre la banqueta de la calle Artículo 123, entre Humboldt y Balderas, colonia Centro.

Se reportaron cinco personas detenidas, a quienes se les atribuyó el delito de posesión de drogas para su comercialización. Se estableció un cordón policiaco en tanto se desmontaron carpas improvisadas y se recogió todo tipo de materiales y pertenencias personales de los desalojados, que fueron depositados en cinco camiones del servicio de limpia del gobierno de la CDMX.

De acuerdo con activistas, cerca de 30 o 40 habitantes de ese campamento de Artículo 123, fueron conducidos contra su voluntad para su desintoxicación a la Unidad Médica Toxicológica de la delegación Venustiano Carranza, en tanto el reporte oficial del gobierno local habló de sólo 11, mismos a quienes se les había “convencido” de la necesidad de desintoxicarse por un periodo de tres meses.

Los cinco detenidos como presuntos narcomenundistas fueron remitidos a la Agencia del Ministerio Público CUH-2 de la delegación Cuauhtémoc, en el primer cuadro capitalino. La operación fue ejecutada directamente por el Gobierno de la CDMX.

Esa operación policiaca no ha sido la única ni la primera. La madrugada del viernes 21 de octubre de 2016, fue desalojado un grupo de 60 personas que vivían en el Parque Morelos o La Ciudadela. La acción fue ordenada por el jefe delegacional Ricardo Monreal, con el argumento de “recuperar” ese espacio público y quien evidentemente incumplió el citado Protocolo sobre poblaciones callejeras.

Al respecto, la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez, dijo que este tipo de acciones de fuerza “avalan prejuicios que estigmatizan y estereotipan a quienes viven en la calle, desconocen la responsabilidad histórica del Estado en dicha situación y contravienen abiertamente el contenido del Protocolo”.

El sábado 22 de octubre de 2016 Gómez Gallardo pidió sanciones contra los funcionarios involucrados en este operativo y desde entonces advirtió que una acción similar no debía ocurrir contra el campamento ubicado en calle de Artículo 123, entre Humboldt y Balderas, que tenía al menos dos años operando. Sin embargo, el desalojo de éste se llevó a cabo el ocho de febrero de 2017.

Los desalojos de poblaciones callejeras se han ejecutado de manera reiterada. El campamento de la calle Artículo 123 había sufrido uno el 22 de abril de 2014 en detrimento de 30 personas, entre quienes estuvieron varios niños. De este desahucio también tomó conocimiento la CDHDF a través del reporte informativo 132/2014.

"Limpieza" social

La propia CDHDF ha denunciado un proceso de “limpieza social” ejercido por las autoridades de la capital del país.

En su boletín 221/2016, del 22 de octubre de 2016, expedido un día después del citado desalojo de La Ciudadela, expuso: “La CDHDF lamenta las acciones de limpieza social impulsadas por la Delegación Cuauhtémoc y, de manera específica, el desalojo que se realizó el día de ayer de las personas que pernoctan en el punto de calle ubicado en la Ciudadela (…)”.

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) señaló en su boletín 29 del 24 de octubre haber solicitado información a la delegación Cuauhtémoc sobre el desalojo realizado el 21 de octubre de 2016, y sobre cómo se aplicó el Protocolo vigente en materia de población en situación de calle, que presuntamente prohíbe desalojos, criminalización, y la limpieza social, que implica borrar de alguna forma a personas en situación de calle.