El deficiente y represivo sistema nacional de salud

REPORTAJE ESPECIAL

La Crónica de Chihuahua
Mayo de 2017, 09:30 am

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Martín Morales

En el sistema de salud nacional, en el que hasta las camas hospitalarias se están privatizando, ser trabajador y denunciar irregularidades financieras y carencia de medicamentos y utensilios de curación es un agravio suficiente para ganarse sanciones sindicales y despidos fulminantes.

Éste fue el castigo que el gobierno impuso a 15 trabajadores de la salud de Chiapas por denunciar el mal manejo financiero y administrativo de los recursos federales destinados a la atención sanitaria; por evidenciar la falta de utensilios de curación y medicinas en los hospitales Regional Rafael Pascacio Gamboa de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, Infantil y de la Mujer y por evidenciar los recortes presupuestarios y la privatización a trozos de los servicios sanitarios en ésa y otras entidades del país.

El 13 de abril, siete enfermeras y una nutrióloga levantaron su huelga de hambre, sostenida durante 10 días, luego de que el secretario de gobierno de la entidad Juan Carlos Gómez Aranda, prometiera reinstalar a los 15 despedidos, pagarles los adeudos reclamados, sus prestaciones, y distribuir el material hospitalario y medicamentos faltantes.

Sin embargo, las huelguistas y sus compañeros, movilizados desde hace meses por ese motivo, decidieron mantener el plantón en el mismo lugar hasta que el gobierno de Chiapas, cumpla su palabra.

En semanas anteriores grupos de activistas sociales se habían pronunciado en apoyo a las enfermeras y de la doctora huelguistas, incluso con manifestaciones en la Ciudad de México, donde contaron con el respaldo del Movimiento de los Trabajadores Socialistas (MTS) y la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas, cuyas dirigencias describieron:

“El gobierno recorta el gasto social y asfixia a las instituciones del sector salud, a la educación pública, etcétera, no provee de insumos y medicamentos, ni garantiza la renovación de equipos técnicos, ni le da mantenimiento a la infraestructura de los centros de salud, como parte del plan de desmantelamiento que justifique la privatización y penetración del sector privado en perjuicio de la población ya que acceder a una salud digna solo será posible para quienes puedan pagarla”.

“Una política antiobrera que lleva adelante en nuestro país, a sangre y fuego y a costa de la salud y la vida de nuestra clase, el gobierno de Enrique Peña Nieto, con el apoyo de todos los partidos al servicio de los empresarios y el imperialismo, donde destaca la complicidad de los charros sindicales que se encargan de mantener dividido al movimiento obrero, pactando y dejando pasar despidos, precariedad e inestabilidad laboral a cambio de prebendas millonarias y puestos políticos”, señalaron.

Ser despedidos de manera fulminante, hostigados en sus lugares de empleo, es una consecuencia para el personal de salud que denuncia la privatización, trozo a trozo, del sistema sanitario nacional, mediante una paulatina subrogación o transferencia de servicios públicos de salud al sector privado, de ahora en adelante encargado de organizar los negocios con buenas perspectivas, porque hasta las camas hospitalarias están pasando a ser privadas y rentadas al Sector Salud, lo que se suma a las cirugías, que también están siendo canalizadas hacia clínicas particulares mediante la subrogación.

Privatizar hasta las camas

La enfermera jubilada María Luisa López, integrante de la directiva de la Asamblea Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), agrupación disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS (SNTIMSS) dijo a buzos:

“Este año el IMSS empezó ya con las licitaciones de camas de hospitalización y de terapia intensiva; estas licitaciones ya están aprobadas por el Consejo Técnico del IMSS, y ya se terminaron las convocatorias; lo que no sabemos todavía es quiénes son las empresas que ganaron.

“Lo que van a hacer es cambiar las camas, por ejemplo, las de terapia intensiva; la empresa va a poner nuevas y el IMSS le va a pagar una renta por ellas. Es así: le pido a una empresa 10 camas, que son las que hay en terapia intensiva de un hospital regional de zona, son 10 o 12 camas, y en lugar de comprarlas se las rento por 10 años, aunque, desde luego, el costo sube; es una renta que se estará pagando todo ese tiempo, sin que el IMSS sea dueño de esas camas.

En el caso de las camas de piso -que están en los cuartos- no son tan sofisticadas como las de terapia intensiva, tienen especificaciones mecánicas para poderse subir y bajar, las cuales el IMSS muy bien pudiera comprarlas con su presupuesto y serían de su propiedad, y no tendría por qué estarlas rentando a una empresa privada”, explicó López.

“Pero no es lo único, hay también un programa que le llaman médico subrogado. Este modelo se ha utilizado desde hace tiempo en algunos estados como Yucatán; se basa en lo siguiente: supongamos que hay tres ginecólogos disponibles, pero uno de ellos está enfermo y otro salió de vacaciones; como no sustituyen tampoco al personal en vacaciones y ya no hay permisos ni becas ni nada, de requerirse completar esa plantilla de tres ginecólogos ante la demanda de atención, se llama a los médicos subrogados.

Contratan a personas para que vengan de fuera y haga, por ejemplo, cesáreas y atienda partos, y a estas personas se les paga por evento, sin que el IMSS establezca ninguna relación laboral”.

María Luisa López dijo más a este semanario: “El IMSS desde que surgió tiene la figura de subrogación de servicios, porque aún no crecía, y tenía que subrogar servicios a empresas privadas; cuando tuvo un crecimiento, al grado de contar con las instalaciones más grandes de América Latina, ya no necesitó subrogar, porque el mismo instituto compraba todo y equipaba, tomando en cuenta que el servicio es para muchos años.

Entre el 2011 y 2012 se reactivó la subrogación, pero ahora a pasos agigantados; no solamente empezaron con los insumos, sino a entregar a la iniciativa privada servicios como la hemodiálisis; de hecho, actualmente hasta cirugías ya se hacen fuera del IMSS, porque ha habido cero crecimiento de las instalaciones; no ha habido contratación de personal, no se sustituye a los trabajadores que se van jubilando. Según datos del instituto, se están jubilando hasta ocho mil trabajadores por año, es todo un cambio de generación, pero ya no hay un crecimiento de la institución.

“Frente a toda la sobrecarga de trabajo, lo que están haciendo es subrogar. Empezaron con la subrogación de la hemodiálisis y ya en 2016 hicieron la licitación del servicio de laboratorios a gran escala, al grado de comenzar a desmantelar los laboratorios del IMSS, porque el servicio se entregó a empresas privadas. Y siguen con la subrogación de todo lo que pueden; así como van, al final de cuentas del IMSS solamente quedará un cascarón”, señaló la enfermera.

Conforme indicaron enfermeros y médicos del movimiento #YoSoyMédico17, la universalización del servicio sanitario es el argumento oficial con el cual se está justificando el ingreso de cada vez más inversiones privadas al sistema sanitario público, al tiempo de aplicar recortes presupuestales al Sector Salud.

Como se reducen el personal y los recursos disponibles, y al mismo tiempo la eficacia y calidad de las atenciones médicas, sobrevienen las consecuencias en la salud de pacientes, quienes luego se quejan penalmente en contra del personal médico, el cual –según los médicos– resultan criminalizados y no los altos mandos de hospitales y de las instituciones sanitarias. En contraste, la respuesta de los funcionarios ha sido recomendar a los doctores que se protejan comprando seguros de responsabilidad civil.

Desmantelamiento

A los médicos se sumaron el año pasado laboratoristas y químicos en la denuncia del traspaso del servicio de análisis clínicos al sector privado, así como enfermeras y camilleros, quienes pusieron en evidencia la carencia de materiales, de equipos de trabajo y el desmantelamiento en curso de la atención médica pública.

Entre los grupos que se han movilizado en rechazo a la creciente intervención de médicos privados en el sector sanitario público está #YoSoyMédico17, movimiento que surgió como una acción ante la “criminalización” de los médicos, sin tomar en cuenta la irresponsabilidad de las autoridades sanitarias, por los continuos recortes presupuestales; la reducción de la inversión para mantenimiento y desarrollo de infraestructura; la falta de adquisición y mantenimiento de equipos, materiales médicos y la denuncia de las condiciones cada más adversas para brindar una atención sanitaria adecuada.

Víctor Juárez, representante del movimiento en Puebla, declaró en octubre pasado: “Los médicos somos testigos de cómo avanzan los contratos y las licitaciones para material de salud barato e inservible; la atención se va mermando; los pacientes que ya estaban en un tratamiento de hemodiálisis dentro del IMSS son regresados a diálisis peritoneal.

Se atiende en hospitales de primer nivel, pero en apariencia, pues no hay especialistas ni medicamentos; las recetas se cargan a los pacientes (…) simplemente, se mueren pacientes. La crisis afecta a todos los hospitales, no hay insumos ni personal suficiente, los médicos cumplimos jornadas de 45 consultas diarias”.

El ocho de abril se denunció la persistencia del desabasto de equipos, utensilios de curación y medicamentos, en el Hospital de Especialidades de Salina Cruz, Oaxaca, inaugurado hace nueve años, y que a la fecha no ha superado su precaria condición.

En declaraciones a la prensa local, el director del centro hospitalario, Gilberto Jiménez Vila, reconoció la carencia de insumos y medicamentos y lo expuso como un reflejo de lo que está sucediendo con los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

“Todos hemos sabido las carencias de insumos, lo que se debe a que no se cuenta con el presupuesto para hacer una compra, y que nos puedan proveer de lo básico como material de curación, medicamentos; y a pesar de que mis compañeros tienen la vocación de servicio, ellos hacen lo que pueden con lo que tienen, ya que la atención no se ha dejado de dar, pero aún hay mucho qué hacer por el hospital”, declaró.

Represión política

La enfermera Martha Medina Gómez había denunciado constantemente las irregularidades en el sistema sanitario; la respuesta fue su intempestivo despido, notificado por el IMSS el 15 de diciembre pasado. Laboraba en la Unidad Médica Familiar 93, ubicada en la zona de Cerro Gordo, Ecatepec, Estado de México. Tenía 25 años laborando en la institución.

Medina Gómez denunció a este semanario que fue separada de su empleo sin justificación. Reveló que el día 15 de diciembre ya no pudo checar su salida, porque el identificador de huellas dactilares ya no la reconoció.

Dijo que esto lo hicieron con el fin de crear un antecedente laboral para impedirle el pago de un finiquito. Ese día, indicó, se presentaron al hospital cinco sujetos quienes se dijeron enviados por la dirección general del IMSS, aunque nunca se identificaron. Le dijeron que por instrucciones del director general del instituto Mikel Arreola se le rescindía su contrato. Medina explicó que la presionaron para firmar un convenio al cual se negó.

Así, luego de haberse manifestado reiteradamente en contra de esta transferencia al sector privado de servicios sanitarios descritos constitucionalmente como obligatorios para el Estado, fue despedida de su trabajo.

Algo similar ocurrió con trabajadores sindicalizados del IMSS en Zacatecas, quienes fueron despedidos por haber participado en manifestaciones para denunciar la corrupción al interior de la institución en el estado, así como en contra del traspaso de servicios médicos públicos a particulares, por medio de subrogaciones, que implican la privatización paulatina. El 21 de diciembre de 2016, los inconformes realizaron una protesta ante las oficinas centrales del IMSS, ubicadas en Paseo de la Reforma, de la Ciudad de México (CDMX).

Abraham Cano, abogado del Centro de Defensa e Investigación Laboral y Derechos Humanos, quien ha llevado los casos de trabajadores despedidos del IMSS por estos motivos, indicó que hay otros 15 trabajadores sancionados directamente por el SNTIMSS por haber participado en acciones de protesta contra el instituto.

La mañana del miércoles 29 de marzo, médicos y otros trabajadores guerrerenses de la salud, bloquearon de manera intermitente la costera Miguel Alemán de Acapulco, frente al parque Papagayo, para denunciar las presiones de que son objeto por parte del Sindicato de Salud y de directivos del hospital público Donato G. Alarcón de Renacimiento.

También habían denunciado la falta de medicamentos y utensilios de curación; tráfico de influencias, venta de las bases de empleo y manejos indebidos de los recursos del hospital público, por lo cual exigieron al gobernador de la entidad, Héctor Astudillo, una auditoría financiera y una evaluación operativa al centro hospitalario.

Manifestaron su inconformidad por ser objeto de repentinos cambios de adscripción a zonas muy alejadas de su centro de trabajo, que en algunos casos representan un peligro para su integridad física, porque son zonas de alto riesgo y evidencian manifiestas decisiones políticas de directivos y dirigentes sindicales. Señalaron particularmente a la secretaría general de la subsección 21 de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS), Raquel Estrada Villaseñor, quien –dijeron– es respaldada políticamente por la secretaria general del sindicato, Beatriz Vélez Núñez, diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El ocho de marzo, los trabajadores de salud guerrerenses, encabezados por la directora del referido hospital, Roxana Tapia Carbajal, refrendaron sus denuncias contra múltiples abusos de parte de las autoridades sanitarias del estado y la dirigencia de la sección 36 del SNTSS, e insistieron en rechazar la reubicación de mil 700 trabajadores con la que se violaron sus derechos laborales, porque no se les tomó en cuenta su opinión, a pesar de que al trasladarse a los sitios designados estaban poniendo en riesgo su vida, ya que se trata de municipios de alto riesgo en materia de seguridad pública como Petatlán.

“No es justo que se nos esté obligando a irnos a ciudades muy complicadas en materia de violencia. Yo soy médico general del Hospital de Renacimiento desde hace cinco años, donde me tocó sufrir amenazas con pistola en mano para que atendiéramos a gente herida y ahora pretenden mandarnos a lugares peores, donde la violencia es imparable.

No es justo, dejamos nuestras casas, nuestras familias y solo están incrementando mil pesos por ubicarnos en esas localidades. No lo permitiremos, no acataremos esta medida que atenta contra nuestro derecho laboral”, advirtió Tapia.

Los trabajadores interpusieron una demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) y ante la Delegación de la Comisión de los Derechos Humanos de Acapulco, para impedir que se sigan violentando sus derechos. La doctora Roxana Tapia aseguró que no acatarán las citadas disposiciones porque no quieren ser los próximos médicos asesinados por trabajar en las localidades con mayor incidencia delictiva de Guerrero.

Tijera oficial

Con el mismo argumento de la imparable falta de presupuesto se ejecutan recortes de personal en centros hospitalarios públicos en otras entidades de la República. En febrero pasado, en Culiacán, Sinaloa, fueron recortados 60 trabajadores de la Secretaría de Salud local, según informó el siete de marzo, el mismo titular de la dependencia, Alfredo Román Messina.

El funcionario advirtió que los recortes continuarían hasta dejar solamente al personal “indispensable” en la secretaría. “Todo el personal que no sea indispensable para el funcionamiento de la Secretaría de Salud deberá ser removido de su cargo por una sencilla razón: no hay presupuesto suficiente que alcance”, declaró a la prensa local, precisando que su objetivo es ahorrar 250 millones de pesos anuales.

Meses antes, el 24 de noviembre de 2016, la Secretaría de Salud de Veracruz recortó a mil 400 trabajadores “vectores” del sector sanitario, sin pagarles sus quincenas retenidas, denunciaron éstos.

La razón aducida fue que dicha dependencia no deseaba continuar generando adeudos de quincenas, debido a las precarias condiciones financieras del estado. Con este ajuste se redujo al 50 por ciento el personal preparado para el combate al mosco transmisor de las epidemias Zika y Chikungunya.

El dos de enero, 600 trabajadores adscritos al Seguro Popular despedidos se manifestaron en Xalapa, denunciando que su separación había violado un Contrato Colectivo de Trabajo firmado el 28 de octubre de 2016 por el gobierno del Estado y el nuevo Sindicato de Trabajadores del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, que había recibido su toma de nota de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en agosto de 2016, y está encabezado por Ángel Carrera Ramírez, su secretario general.

El despido de estos trabajadores, con 10 años de antigüedad en promedio, se realizó por medio de correos electrónicos enviados el 30 de diciembre de 2016 por Consuelo Anaya, la encargada de despacho del Seguro Popular, de la nueva administración panista encabezada por Miguel Ángel Yunes.

Los trabajadores denunciaron que tras el envío de la notificación por correo electrónico se cambiaron las chapas de acceso a los hospitales, con la advertencia de que si intentaban acercarse a los mismos, serían retirados inmediatamente por la policía.