El hipócrita discurso anticorrupción

REPORTAJE ESPECIAL

La Crónica de Chihuahua
Diciembre de 2016, 18:00 pm

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Martín Morales

Con el propósito de limpiar su imagen pública antes de las elecciones de 2017 y 2018, las autoridades de alto nivel y la clase política han desplegado una campaña para castigar a políticos corruptos como los exgobernadores de Veracruz y Sonora; pero no buscan resolver a fondo la corrupción, problema inseparable del modelo neoliberal.

La agudización de la pobreza y la desigualdad en México en las cuatro décadas pasadas es el resultado del neoliberalismo que implica una concentración acelerada del capital en pocas manos mediante el incremento de la explotación laboral.

Políticos, funcionarios públicos y empresarios mexicanos se han enriquecido de escandalosamente en poco tiempo a pesar de las leyes anticorrupción, que han proliferado en todo el país sin resultados efectivos.

La explicación es simple: la corrupción es consustancial al modelo económico vigente y persistirá mientras éste no sea modificado, como lo demuestran estudios de académicos destacados como el doctor Pablo González Casanova, investigador de ciencias sociales y exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La corrupción en México tiene profundas raíces históricas. Estudiosos del tema explican que se originó en la época colonial y que su desarrollo posterior como “cultura” sectorial corrió a cargo de los burócratas, militares y empresarios mexicanos del siglo XIX.

A la vista de las elecciones estatales de 2017, entre las que destaca la del Estado de México (Edomex) –la entidad más poblada del país– los partidos y sus dirigentes se hallan ahora particularmente interesados en desmarcarse de sus militantes corruptos, a fin de ganar la confianza de los ciudadanos.

La doctora Beatriz Solís Leeré, analista política de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, comentó a buzos que el tema de la corrupción “evidentemente va a ser un discurso de las campañas”, aunque también prevé que su uso pueda resultarles contraproducente, porque “mientras no lo demuestren en los hechos, y verdaderamente cumplan con la vieja promesa de terminar con la corrupción”, es difícil que los ciudadanos vayan a creerles.

Como sociedad -apuntó- “debemos mantener la vigilancia y exigir el cumplimiento de esas promesas de transparencia y manejo honesto de los recursos.

Nadie en su sano juicio puede estar en contra de la aplicación de medidas contra la corrupción; pero también es cierto que este despliegue de acciones mediáticas, policiacas y judiciales es utilizado, en un bajo fondo, por políticos interesados en desmarcarse de la corrupción y obtener aprobación pública”.

Corrupción estructural

Sin embargo, el problema es también de credibilidad y ahora a la clase política se le junta la crisis de corrupción con la de falta de confianza. “Este problema ya no podía ser soslayado y tuvo que ser tomado; no por generosidad o regalo de la clase política, sino por la exigencia social; por la evidencia, sobre todo, de la corrupción entre quienes están en el poder.

“En el caso del gobernador que se entregó a la justicia (Guillermo Padrés, ex mandatario panista de Sonora), resulta que no le creemos ni a él ni a la autoridad, por el manejo oscuro que se hace del armado jurídico. Lo que nos queda a los ciudadanos es usar el poder de la opinión pública; tenemos el derecho a no creer; la historia nos ha dado el derecho a ser desconfiados”, enfatizó la doctora Solís.

El doctor en derecho Manuel Fuentes Muñiz, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) también se refirió al aspecto de la politización del tema: “Ahora que se van acercando procesos electorales importantes, los partidos le están dando un uso político al tema de la corrupción, de tal forma que están fabricando un escenario que no es de una rigurosa aplicación de la ley.

Hay una perversión del tema; en ocasiones pareciera que se usa como instrumento de venganza política más que de justicia. La politización de este tipo de casos debe entenderse como una situación en que puede aplicarse la justicia a unos y a otros no; que se persiga a unos y a otros no”.

Sobre los mandatarios estatales perseguidos por la ley, como el sonorense, Guillermo Padrés, ahora encarcelado, y el veracruzano Javier Duarte, prófugo al cierre de esta edición, el doctor Manuel Fuentes dijo: “Es que no hay control del presupuesto que manejan los gobernadores; los órganos de supervisión locales son dominados por ellos mismos y, entonces, lógicamente vemos casos como éstos”.

El profesor e investigador universitario dejó en claro que no será con acciones aisladas como se va a solucionar el fenómeno de la corrupción, porque es un problema de la estructura de poder y de la clase política, de donde parten las acciones de justicia.

“Una conclusión es que el sistema político está diseñado para que quienes cometen este tipo de actos queden impunes, a pesar de haber saqueado el presupuesto, incluso provocando la quiebra de administraciones, como las de algunos estados, lo cual tiene consecuencias para todos los ciudadanos. Una pregunta importante es la siguiente: ¿cómo se evitará que este tipo de fenómenos siga repitiéndose?”

Arma de control político

Corrupción y modelo economico forman parte del mismo fenómeno, como lo hacen ver académicos e investigadores. “Para el sistema capitalista moderno, la corrupción es, al mismo tiempo, consustancial y perjudicial; la corrupción le acompaña, pero necesita reprimirla.

Es como el crimen para el proceso social: no hay sociedad sin crimen, pero toda sociedad necesita reprimirlo.

Si el crimen sobrepasa determinados límites la sociedad se desmorona; si la corrupción se sobrelimita, la economía se desintegra”, indicó el doctor Juan Castaingts Teillery, profesor e investigador del Departamento de Economía y del doctorado en antropología económica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), campus Iztapalapa.

“La corrupción es un instrumento clave en el sistema de control político. Funciona como elemento cohesionador de la élite (…) la experiencia en México es que suele castigarse a todos, los corruptos y los no corruptos, todo ello en medio de una buena publicidad del caso que busca legitimación de las élites políticas y económicas”, escribió Castaignts en su estudio denominado La economía política de la corrupción en México. En su análisis de este tema, el doctor Roberto Varela, de la UAM-Iztapalapa, escribió: “El permitir la corrupción es una forma de control político. En efecto, por una parte, los funcionarios que confieren un cargo endosan con él el permiso de corromperse a los recipientes de aquél. Esto ocasiona que estos últimos confieran a su vez un doble poder otorgado a sus bienhechores: el correspondiente al cargo mismo y al del permiso de corrupción”.

En torno a la inseparable dualidad de capitalismo-corrupción, el destacado sociólogo Pablo González Casanova, profesor emérito del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, indica: “Si consideramos al sistema capitalista como conjunto, la corrupción y la cooptación juegan un papel relevante tanto en la eficacia del mismo para alcanzar objetivos como en las graves limitaciones de su racionalidad instrumental”

En su estudio Corrupción y Capitalismo, elaborado en 2007 para el IIS, el maestro González Casanova destaca que las prácticas de cooptación, retribución, premiación, son institucionalizadas e instauradas para mantener el control político en favor de las élites.

“Así ha estructurado el poder interno e internacional de arriba a abajo, desde lo micro de las negociaciones con las oligarquías y funcionarios hasta lo macro de las naciones, de las redes y complejos multinacionales; desde el micro de caciques y mandones de pueblos y haciendas, o la mafia de las ciudades, hasta lo macro de los generales o dictadores, presidentes y jefe de Estado con sus castas divinas y sus nuevos ricos, con lazos de asociación y dependencia de los complejos militares empresariales que integran a la vez capitalismo e imperialismo”.

Derivado de lo anterior, puede entenderse que desigualdad y pobreza, los dos grandes problemas de México, son alentados por el modelo económico del cual la corrupción forma parte inseparable, por lo cual este lacerante problema de México no podrá desaparecer con acciones policiacas aisladas, sin antes modificar el modelo neoliberal.

Corrupción y pobreza

En el marco del Foro Internacional sobre Proceso Presupuestario, realizado en la Cámara de Diputados el cinco de septiembre pasado, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Minerva Hernández Ramos, reconoció, tal como lo han aceptado en sus análisis del tema del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que la corrupción tiene efectos negativos en la economía, al convertirse en una especie de impuesto de facto que reduce la inversión productiva, estimula el mercado informal y entorpece el crecimiento económico en detrimento del bienestar de la población.

Un escenario económico afectado por la corrupción –expuso Hernández– impide abatir la desigualdad y la pobreza. Los mecanismos de redistribución de la riqueza no cumplen sus objetivos, “gastamos mucho y gastamos mal”. Asimismo, expuso que uno de los efectos inmediatos de la corrupción de las élites políticas es la desconfianza social.

“La sociedad poco a poco considera que deja de tener sentido pagar impuestos, tarifas y contribuciones que sólo servirán para tener bienes y servicios públicos de deficiente calidad , engrosando los bolsillos de la clase política y generando desconfianza en los gobernados”, dijo la legisladora, en el marco del citado foro organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.

En la reunión 2015 de este mismo foro, realizado en febrero del año pasado, se presentó un análisis de la organización Observatorio Económico México (OEM) ¿Cómo Vamos?, que alertó que un aumento del 10 por ciento en la percepción de corrupción genera una pérdida del dos por ciento en producto interno bruto (PIB); además reveló que la corrupción costó al país 20 mil millones de dólares tan solo en el año 2014.

“La impunidad y la corrupción son uno de los factores que explican el escaso desempeño económico, al afectar directamente a variables como avance económico estatal, inversión y productividad”, expuso Viridiana Ríos, directora general del observatorio.

La misma canción

Sin embargo, la llamada clase política ha respondido con las mismas estrategias de relumbrón para enfrentar las corruptelas. Las propuestas anticorrupción de los principales partidos –Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y PAN- varían de forma, pero esencialmente son iguales.

En octubre de 2014, los panistas lanzaron su proyecto para crear un Consejo Nacional Anticorrupción, un Consejo Ciudadano para la Ética Pública y fortalecer a la Secretaría de la Función Pública (SFP), que en 2013 fue declarada prácticamente desaparecida por ineficiente y rescatada en 2015 por el gobierno priista.

Además, el PAN planteó nuevas formas de trabajo para las mismas instituciones que han mostrado ser ineficaces para detener el uso deshonesto de los recursos públicos. Pidió fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), crear una Fiscalía Especializada en la Procuraduría General de la República (PGR) y un tribunal también especializado en estos asuntos.

En noviembre de 2012, cuando aún era presidente electo, Enrique Peña Nieto propuso desaparecer la SFP, lo cual consiguió en 2013, pero la revivió en 2015. En esa misma oportunidad, Peña propuso la formación de un Consejo Nacional por la Ética Pública, que no cristalizó.

En noviembre de 2014, el PRD dio a conocer a través de sus diputados federales una iniciativa de reformas constitucionales para crear un Comité Coordinador Interinstitucional Anticorrupción entre la ASF y la recién revivida SFP. Se anexaron leyes sobre la extinción de dominio, de delitos cometidos por servidores públicos y la ampliación de los plazos de prescripción de estos delitos, que no podrán ser menores a los cinco años.

Todos estos planteamientos, con otros nombres en algunos casos, forman parte del actual modelo de lucha contra la corrupción estrenado este año. Puede observarse que, por ejemplo, el proyecto de Comisión Anticorrupción del PAN sólo varía con respecto a los proyectos del PRD y del PRI en el uso de los conceptos “ciudadano”, “coordinador” y “nacional”.

Finalmente, todas las propuestas de reforma se fundieron y aprobaron en 2015 dentro del hoy llamado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Lo mismo ocurre al interior de los partidos políticos, pues las comisiones anticorrupción del PAN y el PRI tienen iguales contenidos.

A tres días de que este último partido expulsara de sus filas al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, el dirigente nacional Enrique Ochoa lanzó el 27 de octubre una Comisión Nacional Anticorrupción cuyos titulares son priistas designados por el propio Ochoa.

Esta oficina, dijo el dirigente partidista en el marco de la 37 sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional, tendrá la responsabilidad de verificar puntualmente “las trayectorias y perfiles de las mujeres y hombres que aspiren a ser candidatos del PRI, para que la ciudadanía tenga la opción de votar por perfiles de probada honestidad”.

En las organizaciones civiles han surgido también proyectos anticorrupción. Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), con el impulso de las agrupaciones patronales, lanzaron su plan de regulación “3de3”, que se convirtió en una ley gracias a las presiones de la cúpula empresarial.

Su objetivo es que los funcionarios públicos encargados de la asignación de contratos y compras de gobierno divulguen de manera anticipada sus declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés; es decir, que declaren las empresas de su propiedad, el monto de sus impuestos y si tienen vínculos con empresarios.

La doctora Solís Leeré dijo a este semanario que preocupados por la imagen pública de los políticos y por la proximidad de importantes elecciones, los dirigentes partidistas y las autoridades han optado por ejecutar acciones penales contra los funcionarios con mayores evidencias públicas de corrupción, a fin de deslindarse de ellos y limpiarse a sí mismos de sospechas de colusión o protección a los corruptos.

“Pero de ahí a que haya realmente una voluntad política de terminar con la corrupción, pues tendrían que demostrarlo, cosa que hasta ahora no han hecho”, asentó la especialista.