El reino de la simulación: en 20 años, sólo 25 sanciones por peculado

Alejandro Salmón Aguilera

La Crónica de Chihuahua
Enero de 2013, 21:10 pm

El país entero puede decir que vive en el reino de la simulación, pero nosotros, desde este modesto espacio, nos vamos a dedicar a Chihuahua y, en especial, a su formato de rendición de cuentas y a la estructura legal para castigar a quienes no se apeguen a la ley a la hora de ejercer los recursos públicos que tienen bajo su responsabilidad.

Digámoslo de esta manera: la función de auditar cuentas públicas es de carajada, y quien no quiera creerlo, nada más haga cuentas de la cantidad de personas sancionadas por presuntos desvíos o malos manejos de recursos públicos: 25 en los últimos 20 años, incluidos aquellos que sólo les dieron un “coscorrón” y a los que pasaron algunas horas en la cárcel.

Nada de lo que ha pasado en Chihuahua en los últimos años: ni el depósito de dinero público en una “off shore” en las Islas Caimán; ni los cientos de millones de pesos desviados a actividades partidistas; ni la compra de camiones –a estas alturas, con modelo de cinco años de atraso—cuando no había siquiera por dónde rodarlos, quedó sin sanción alguna. Y eso, por mencionar ejemplos. Del relleno sanitario, ya ni hablar.

Sólo basta recorrer el listado de personas sentenciadas o sujetas a proceso penal en Chihuahua y nos enteraremos que, de los más de 7 mil reos que tienen las cárceles de la entidad, ninguno está interno por peculado o por abuso de autoridad.

Vaya un ejemplo reciente: los 42 mil millones de ejercicio presupuestal en el último año del gobernador José Reyes Baeza no motivaron ni una sola observación. Es decir, que en el manejo de ese raudal de dinero no hubo siquiera una factura mal llenada o un cheque “rebotado”. ¡Vaya eficiencia!, digna del Récord Guinnes.

Otro más, esta del año recién concluido: tres alcaldes: dos del PAN y uno del PRI, incumplieron con su obligación constitucional de entregar las respectivas cuentas públicas del ejercicio del año anterior. ¿Qué pasó? Nada, un levísimo jalón de orejas en la tribuna del Congreso del Estado, acompañado de un “aquí no ha pasado nada”.

La culpa de todo esto ¿es del auditor en turno? Seguramente, alguna parte de la responsabilidad le ha de quedar. Pero ¿cómo exigirle a la Auditoría Superior del Estado que revise con rigor cada movimiento contable si tiene apenas un puñado de auditores y un presupuesto bajísimo par operar durante el año?.

Si a eso le sumamos que la legislación vigente no contempla mayores sanciones a quienes mal usen el dinero público, los recursos, los permisos o las facultades de los entes auditables, pues menos se va a cuidar la correcta aplicación de la cosa pública.

¡Cuánta simulación! Nos gastamos casi 340 mdp en órganos electorales y al órgano encargado de auditar las finanzas públicas le damos apenas 80 mdp.

¿Sabe cuánto dinero debe auditar? Más, mucho más de lo que se está imaginando: son unos 83 mil millones de pesos al año. ¡Esa es vigilancia y rendición de cuentas! Un pequeñísimo organismo para vigilar a más de 600 entes auditables.