El reparto del codiciado oro negro

ESPECIAL/ La Crónica de Chihuahua

La Crónica de Chihuahua
Agosto de 2015, 10:30 am

/facebook @twitterMartín Morales/Fernando Castro

Con la Ronda Uno, concluida el 15 de julio de 2015, empezó el desmoronamiento del modelo nacionalista de la industria petrolera de México –cuyo objetivo primario en los 77 años pasados era beneficiar a la mayoría de la población– para dar paso al reparto del oro negro entre un pequeño sector de inversionistas nacionales y extranjeros.

El proyecto privatizador del petróleo está dirigido a beneficiar lo mismo a tiburones trasnacionales como Chevron, Exxon, Shell, etcétera, a exfuncionarios de Pemex y del Gobierno federal, a empresas nacionales y extranjeras. La subasta se abrió a proyectos de explotación directa de oro negro en aguas profundas y someras del Golfo de México, yacimientos de piedra lutita, construcción de infraestructura energética, plantas de petroquímica, cadenas expendedoras de gasolinas, aceites y otros productos derivados del petróleo, así como a tiendas de conveniencia y restaurantes.

El primer paso en la destrucción del modelo de desarrollo industrial nacionalista impulsado por el expresidente Lázaro Cárdenas del Río en 1938, se dio con la promulgación de la reforma energética el 20 de diciembre de 2013, destinada a modificar la Constitución federal; el segundo paso fue la publicación de las leyes secundarias, el 11 de agosto de 2014. En el caso de la explotación de yacimientos de hidrocarburos ubicados bajo tierras comunales y ejidales, la nueva Ley de Hidrocarburos niega a los campesinos mexicanos la posibilidad de decir NO a la venta o arrendamiento de sus propiedades a los corporativos nacionales o extranjeros concesionarios del Gobierno federal.

De rehusarse el propietario en cuestión a negociar un precio por el uso de su tierra, entrará al quite la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para exigir al Poder Judicial la aplicación de la figura jurídica de “servidumbre”, que garantiza a la firma industrial la explotación del terreno por el tiempo que haya sido autorizado. Esta figura de expropiación amañada, que se creía suprimida del proyecto original de la reforma energética, está incluida en la citada Ley de Hidrocarburos para ser aplicada tanto en los proyectos de explotación petrolera como en los de otros recursos energéticos, entre ellos electricidad y geotermia.

Empresarios al acecho

La diputada federal María Isabel Ortiz Mantilla, integrante de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales en la Legislatura que culmina a finales de agosto señaló a buzos: “Creo que los propios inversionistas están midiendo el terreno, están viendo si realmente se le va a dar certeza, cómo se van manejando las cosas y están tanteando; pasa como cuando alguien va a invertir en cualquier cosa, primero tiene que saber cómo está el mercado, qué va a comprar y qué va a vender; eso es lo que está pasando en el territorio mexicano, principalmente en el caso de Pemex, si tiene sustentabilidad, antecedentes de corrupción o algo que pudiera causar problemas más adelante”.

En la licitación de la Ronda Uno no aparecieron todavía las grandes trasnacionales como Exxon, Shell o Chevron, pero de acuerdo con analistas especializados, estos monstruos aparecerán cuando el mercado petrolero mexicano incluya bloques de reservas más apetitosas y no las “minucias” que se ofertaron en la primera subasta.

En la citada Ronda Uno se licitaron los primeros 14 bloques de explotación petrolera, de los que solamente fueron adjudicados los numerados dos y siete al consorcio integrado por la firma mexicana Sierra Oil & Gas, asociada con la británica Premier Oil (que también explota energéticos en las Islas Malvinas) y la estadounidense con sede en Houston, Talos Energy.

El bloque Dos consta de 194 kilómetros cuadrados y está ubicado frente a las costas de Veracruz, con recursos prospectivos calculados en 142 millones de barriles de petróleo crudo. El Siete, con 465 kilómetros cuadrados, está localizado frente a las costas de Tabasco, con recursos prospectivos calculados en 102 millones de barriles de petróleo crudo.

En la empresa Sierra Oil & Gas participa como inversionista Hipólito Gerard Rivero, hermano de Ana Paula Gerard, segunda esposa del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Lo hace por conducto del fondo de inversiones Infraestructura Institucional (identificada como “I cuadrada” por su logotipo), fundada en 2010 y poseedora del 13 por ciento de las acciones de Sierra Oil & Gas.

Con su fondo de inversiones, la “I cuadrada” ha desarrollado proyectos con Constructora Higa, del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú; los demás fondos de capital de Sierra Oil pertenecen a las estadounidenses Riverstone Holdings y EnCap Investments.

Otros empresarios y políticos que esperan beneficiarse con la destrucción de la industria petrolera nacional son colaboradores de Pemex; tal es el caso de su proveedor estratégico, el Grupo Diavaz, que encabeza Óscar Vázquez Sentíes, asociado (vía el 20 por ciento de las acciones) con el Fondo Evercore México Capital Partners, que preside Pedro Aspe Armella, ex secretario de Hacienda durante el Gobierno de Carlos Salinas (1988-1994). En esta firma trabajó en años pasados el doctor Luis Videgaray Caso, hoy secretario de Hacienda y Crédito Público y destacado discípulo en economía de Aspe Armella.

En la misma situación se halla el corporativo español OHL, representado en México por José Andrés de Oteyza Fernández, exsecretario de Patrimonio y Fomento Industrial de 1976 a 1982 durante el Gobierno de José López Portillo. En esta misma empresa trasnacional hispana labora hoy como directivo Sergio Hidalgo Monroy Portillo, extitular del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y del ISSSTE.

Como consejeros aparecen Carlos Ruiz Sacristán, exdirector de Pemex en el Gobierno de Ernesto Zedillo, y actual presidente del Consejo de Administración de IEnova Infraestructura Energética, subsidiaria de una firma operadora de electricidad en Estados Unidos llamada Sempra Energy, en la que es vicepresidenta Tania Ortiz Mena López Negrete, quien fue subgerente comercial de 1994 a 1999 de Productos Refinados de PMI Comercio Internacional, la operadora financiera mundial de Pemex –cuyas operaciones son prácticamente secretas– y presidenta de la Asociación Mexicana de Gas Natural.

La controversial empresa Sempra Energy-Ienova, que participa como proveedora en el sector energético mexicano, tiene una larga y nebulosa historia que involucra acusaciones por presuntos sobornos y triangulaciones de recursos de extraña procedencia por conducto de “paraísos fiscales”.

En el Consejo de Administración de la empresa OHL figura también Jesús Reyes Heroles González Garza, director de Pemex entre 2006 y 2009 durante la administración de Felipe Calderón. El actual director de Pemex, Emilio Lozoya Austin –hijo de Emilio Lozoya Thalmann, titular del ISSSTE en 1988 y secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari– formó parte del Consejo de Administración de OHL.

En la misma camarilla de exfuncionarios “especializados en energéticos” destacan Juan José Suárez Coppel, director de Pemex en el último trienio del Gobierno de Felipe Calderón y actual miembro, desde 2013, de la firma Jacobs Engineering Group; Georgina Kessel, titular de la Secretaría de Energía en el sexenio calderonista y actual consejera independiente del consorcio trasnacional hispano Iberdrola.

Luis Ramírez Corzo, otro exdirector de Pemex, labora en el Consejo de la empresa petrolera Oro Negro, que comenzó operaciones en 2012 y se transformó rápidamente en preferida contratista de Pemex; esta firma es presidida por José Antonio Cañedo White, hijo de Guillermo Cañedo de la Bárcena, exvicepresidente de la empresa Televisa. Cañedo White formó parte del directorio de Nacional Financiera y fue presidente de Grupo Televicentro, operadora central de Grupo Televisa.

Como director general de Oro Negro está Gonzalo Gil White, hijo de Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda en el Gobierno de Vicente Fox; Gil Díaz actualmente preside en México al consorcio español Telefónica Movistar. En tanto, el presidente de Oro Negro es José Antonio Cañedo White sobrino de Gil Díaz. Por otro lado, el exdirector de Pemex Juan José Suárez Coppel, sobrino político de Gil Díaz, es miembro de la firma Jacobs Engineering Group, socio de Oro Negro.

También es relevante el caso de Alberto Bailleres, el segundo mexicano más acaudalado después de Carlos Slim, quien para entrar al apetitoso negocio de la industria petrolera bajo el nuevo esquema de apertura de inversiones, fundó la compañía de energía Petrobal, a cuya cabeza puso –para no variar– a Carlos Morales Gil, un exfuncionario que laboró 30 años en Pemex, donde fue director de la división de Exploración y Producción de la misma. Petrobal forma parte de Grupo Bal, el sello del imperio Bailleres, cuyos pilares son la firmas mineras Peñoles y Fresnillo, la cadena comercial El Palacio de Hierro y la aseguradora Grupo Nacional Provincial (GNP).

“Están haciendo grandes negocios con información privilegiada a través de sus influencias políticas; además, las firmas donde participan poderosas familias ligadas al poder político y económico mexicano tienen a su disposición el dinero de los trabajadores depositado en las Afores para financiar sus proyectos y con dinero de dudosa procedencia, porque ¿de dónde sacaron tanto dinero los ex funcionarios que ahora son inversionistas? ¿De su sueldo? Toman dinero de donde sea para financiarse, vienen con todo a llevarse todo”, señaló al respecto el ingeniero y arquitecto Mario Galicia Yépez, coordinador colegiado del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE) y miembro del grupo Ingenieros Pemex, Constitución de 1917.

“Con la Ronda Uno se adjudicaron dos bloques de 14, pero vienen 169 bloques que van a licitar en rondas posteriores y sobre todo esto hay desinformación pública sobre las adjudicaciones y los datos financieros de los participantes; no hay información precisa, se pide y se dice que no la tienen o difieren su entrega; dicen que es información confidencial y que la van a dar hasta dentro de cinco o seis años; la realidad es que son prefabricados todos estos grandes negocios”, señaló Galicia.

El derrumbe
de los precios del petróleo

Visto de manera panorámica, la apertura del sector petrolero nacional, prometedor signo de dólares para unos pocos, negativo e irritante suceso para la mayoría de los mexicanos, arrancó en un periodo marcado por una estrepitosa caída de los precios del crudo en los mercados internacionales, lo que de momento implicará un aumento en los costos de producción y una reducción sensible en los márgenes de ganancia para las empresas explotadoras; es decir, baja el atractivo financiero, porque actualmente el precio del barril cuesta aproximadamente 50 dólares, mientras que a principios de 2014 costaba aproximadamente 100 dólares.

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que en términos financieros el petróleo es un commodity –materia prima cuyo precio se calcula a precio actual o futuro– cuya acumulación se traduce en valor financiero a través de las bolsas de valores. Por ejemplo, la bolsa de Nueva York, donde pueden cotizarse commodities a precios relativamente bajos por un tiempo que posteriormente, como ocurre con otros valores bursátiles, puede aumentar intempestivamente y ofrecer inusitadas ganancias.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) por ejemplo, actúa como un banco de petróleo equiparado en dólares que de acuerdo con las políticas internacionales fijadas por sus miembros –todos productores– lo venden o lo guardan al mercado mundial según sus intereses.

Lo que se licitó en la Ronda Uno fueron algunos campos aledaños a las costas de Tabasco y Veracruz que tienen un promedio del 95 por ciento de probabilidades de ser explotables. Sus costos de extracción se han calculado en 20 dólares por barril y sus márgenes de ganancias en bruto, al momento, son de alrededor de 30 dólares por barril.

El costo de producción depende del bloque, porque sacar aceite de mantos acumulados en el subsuelo en general, o de piedras lutita o del subsuelo de aguas someras tiene precios distintos a sacarlo del subsuelo marino profundo, a cientos de metros abajo del nivel del mar, como en el caso del Golfo de México, para lo que es preciso contar con alta tecnología y por lo tanto mucho mayor inversión, aunque las cantidades de petróleo existentes han sido calificadas como extraordinarias por especialistas mundiales.

Antes de la Ronda Uno, de acuerdo a lo previsto por la reforma energética y siguiendo las experiencias de Brasil en 1997 y Colombia en 2003, se lanzó una Ronda Cero para que la empresa del Estado pudiera elegir sus campos en producción ya explorados. En el caso mexicano, con la reforma de 2013, Pemex se convirtió en “empresa productiva del Estado” que habrá de asociarse con empresas privadas para explorar, extraer y explotar comercialmente ese petróleo.

“Yo creo que las compañías tienen todo el derecho de participar o no; en este momento no quieren participar porque ven que los precios del petróleo están muy bajos y también a lo mejor piensan que algunos de los bloques ofertados por el Gobierno no son muy atractivos. Creo que en adelante, tanto el Gobierno mexicano como las compañías, tendrán que ir reevaluando sus estrategias, dependiendo de las condiciones del mercado. Cada compañía tendrá su estrategia; habrá que esperar y ver en las diferentes licitaciones cuáles son los intereses de cada una de ellas”, resaltó a este semanario David Shields, analista de mercado y consultor privado en materia de petróleo.

Cero beneficios para los mexicanos

Desde la implementación de la reforma energética, los discursos políticos aseguraban que el beneficio iría directo a los bolsillos de los mexicanos, pero esto ha quedado a la deriva, como lo resaltó la diputada María Isabel Mantilla: “Al final de cuentas, creo que éste es el reto, que el Gobierno mexicano esté a la altura de poder abrir el sector energético, éste es el mensaje que debería de tomar el Gobierno, y principalmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a qué le va a apostar: a estar viviendo de recursos por la renta petrolera o a la generación de empleos para el desarrollo económico del país”.

“El reto es que los beneficios verdaderamente, sean para el ciudadano, por eso he estado insistiendo que falta una parte en esta reforma, de la Ley de Extracción Energética que logramos los diputados y que ahora está esperando en el Senado. Esta ley habla de mecanismos concretos donde los mexicanos sean los beneficiados, que sean los mexicanos quienes puedan generar su propia energía y no depender de tantos filtros; esto es lo que se tiene que modificar en la reforma, lo cual estamos nosotros proponiendo y esperamos que se haga caso, que el beneficio sea directo a los mexicanos. No está complicado, lo hemos hablado con varias partes del Gobierno y ellos a su vez lo han visto viable, con la Secretaría de Hacienda”.

Por su parte el ingeniero Mario Galicia del CNEE indicó: “nosotros hemos insistido en que las reformas estructurales, sobre todo la petrolera, no benefician al pueblo ni nunca lo van a beneficiar; benefician a las compañías extranjeras y a los políticos”.