Entra en vigor ley anti “año de Hidalgo” y contra un sorpresivo “déficit operativo”

**Llama la atención que en su texto se establezca un plazo a partir del cual los gobiernos entrante y saliente se deben sentar a revisar el estado en que se guarda la institución que van a dirigir.

La Crónica de Chihuahua
Febrero de 2015, 14:54 pm

Por: Alejandro Salmón Aguilera/ ahoramismo.mx

Sin hacer mucho ruido, como si quisiera dejarse en el anonimato, el Ejecutivo hizo publicar el pasado sábado la nueva Ley de Entrega-Recepción para el Estado de Chihuahua, con la cual se podrían terminar las campañas los “Años de Hidalgo”, pero también las confrontaciones tipo Reyes vs Herrera-Duarte por aquello de los “Déficit operativos”.

La ley tiene 32 artículos y dos transitorios, pero llama la atención que en su texto se establezca un plazo a partir del cual los gobiernos entrante y saliente se deben sentar a revisar el estado en que se guarda la institución que van a dirigir, sea el gobierno del estado, la alcaldía, la sindicatura, el propio Congreso o el Supremo Tribunal de Justicia.

Son 45 días hábiles antes de la entrada en vigor de la nueva administración, y en ese plazo la que va de salida debe informar a detalle cuales son los estados financieros del ente que gobernó.

Nada más oportuno que la entrada en vigor de esa ley y para esto vale la pena recuperar aquel episodio que confrontó al ex gobernador José Reyes Baeza con la administración de César Duarte Jáquez.

Esta nueva ley nos remite, necesariamente, al episodio del 9 de marzo del 2014, cuando el aún secretario de Hacienda estatal, Jaime Herrera Corral expuso ante los diputados locales que la administración de José Reyes Baeza había dejado un boquete financiero de 28 mil millones de pesos, algo que no llamó deuda, sino “déficit financiero”.

Esa cifra no estaba localizable por ningún lado, ni en la cuenta de “Adefa´s” (Adeudos fiscales anteriores) ni en los mismos informes de deuda pública que difunde el Gobierno a través de su portal de transparencia.

Como han de recordar quienes tomaron nota del caso, el ex gobernador envió una carta a los secretarios de Hacienda, de Gobernación y a su jefe, el de Desarrollo Territorial y Urbano, así como al mismísimo presidente de la República, para defender su gestión y asegurar que él “sólo” dejó una deuda de 14 mil mdp.

El “affaire” Reyes-Herrera es sólo un ejemplo de cómo podría terminar la controversia y con ello los pretextos de la administración en funciones, las cuales ya no podrán culpar a sus antecesores de lo que no han podido hacer.

Los artículos 20, 21 y 22 ya dejan establecido cual información, en qué forma y a quién se le han de entregar, así como el valor probatorio que ésta tendrá. Entre esos informes van los estados financieros, así que nada de que “me dejaron el estado tronado”, como rezaba la frase célebre del gobernador Francisco Barrio.

El único artículo que le falta a esta nueva ley es la de la transparencia. Le falta establecer que el acta entrega-recepción será parte de la información pública de oficio, de modo que quien así lo desee, ingrese a los portales oficiales y la pueda compulsar con la condición actual de la administración.

No es poca cosa: necesitamos que nos garanticen que ambas administraciones: la saliente y la entrante, nos dejen a todos en claro cómo se encuentra el estado del municipio, del estado y de sus órganos de administración pública. La nueva ley es un avance, pero a paso de oruga.