Entre dos males

**Tenemos un gobernador (sé que no es la excepción) que en los hechos, a pesar de sus delirantes discursos, es ajeno al dolor del pueblo que dice gobernar; que su política aplicada en sus dos años y medio de gobierno es totalmente antipopular.

La Crónica de Chihuahua
Abril de 2019, 21:00 pm

Por Guadalupe Orona Urías/
Dirigente antorchista en el estado de Hidalgo

Mal nos va a los hidalguenses, por un lado tenemos un gobernador (sé que no es la excepción) que en los hechos, a pesar de sus delirantes discursos, es ajeno al dolor del pueblo que dice gobernar; que su política aplicada en sus dos años y medio de gobierno es totalmente antipopular y su soberbia ha ocasionado agravios a la población más vulnerable. El gobernador Omar Fayad se ha destacado por no atender ni resolver, aunque sea medianamente, las carencias más apremiantes de la población: en Hidalgo no hay obra pública y sí mucha pobreza y desempleo, así como carencia de escuelas, hospitales y medicinas, y se obliga a la población a salir, por miles, a las calles y a pernoctar día y noche frente a las confortables oficinas gubernamentales para que se puedan escuchar sus demandas de agua potable, drenaje, caminos, etc. Pero las cosas se agravan, porque el pueblo hidalguense, en lugar de tener en su gobernador un representante que defienda, gestione y, si es necesario, levante la voz para lograr más presupuesto y para que no desaparezcan los pocos apoyos que venían recibiendo las familias con menores ingresos, contempla con qué desfachatez este último se ha sumado a la política federal; esa misma política a la que tanto aplaude y hace reverencias mil, al tiempo que da la espalda al pueblo pobre.

Al mal gobierno estatal se suma las políticas erráticas y mal pensadas del actual gobierno federal; se suman una serie de acciones gubernamentales que están ocasionando graves daños al país y a los mexicanos, sobre todo a las familias más pobres, necesitadas de un gobierno para el que en los hechos, no solamente como slogan de campaña, sean primero los pobres. Trataré de documentar lo aquí expuesto:

Con el actual gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hasta los días que corren han disminuido 125 programas sociales, y uno de los más sentidos de la población, por la ayuda que prestaba a madres trabajadoras es el cierre de las Estancias Infantiles. Asimismo, desaparecieron o redujeron su presupuesto casi a ceros 22 programas más, entre ellos: Comedores Comunitarios, el de Atención a Jornaleros Agrícolas, de Empleo Temporal, Seguro de Vida para Jefas de Familia; al Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (Fonart), le dejaron sólo el dos por ciento de su presupuesto.

Y PROSPERA, el programa con mayor presupuesto, que con la modificación, sólo de nombre, fue el programa más importante durante los últimos 20 años, destinado al combate a la pobreza, se redujo drásticamente a un simple programa de becas (Becas para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica); “…los abruptos cambios a este programa, con un padrón de beneficiarios de casi 30 millones de personas, son fiel reflejo de lo que ha sucedido globalmente con la política social en los últimos meses: se argumenta corrupción (sin dar pruebas como sustento), y se propone como remedio infalible “transformarlo” en una transferencia monetaria directa sin intermediarios (en el caso de PROSPERA, realmente la transferencia monetaria ya era directa y no tenía “intermediarios” en la mayoría de sus casos, lo cual no ha impedido tal narrativa discursiva)…”(Máximo E. Jaramillo-Molina, Nexos). Ahora con esos cambios realizados por el gobierno de López Obrador, a los beneficiarios se les quitan los componentes de salud y de alimentación, es decir, ya no cuentan con los suplementos alimenticios que se les proporcionaba, ni con las consultas médicas gratuitas, preventivas; sólo llegará el apoyo a las personas que tengan hijos en escuelas de nivel básico; las becas son el único apoyo que se mantiene, pero, además, disminuye la cantidad, ahora será menos lo que recibirán: “…la transferencia (ahora beca) será de 8,000 pesos anuales por hogar (800 pesos mensuales, durante cinco bimestres, ya que sorprendentemente se deja fuera al periodo que corresponde a las vacaciones de los estudiantes), sin importar si el número de estudiantes integrantes del hogar varía entre uno o diez. Hasta 2017, la transferencia promedio por hogar beneficiario de PROSPERA rondaba los 11,640 pesos. Lo anterior implica que los cambios en PROSPERA tendrán como consecuencia una disminución de poco más de 32% del monto, en promedio…” “…Es claro y no hay duda: será perjudicial para los más pobres el proceso de pasar de PROSPERA al nuevo programa de Becas para educación básica…”

Dice Georgina Morett, columnista de El Financiero: “Uno de los ramos más golpeados en cuanto a la reducción de los programas sociales, sin duda, fue el de Salud, ya que 30 rubros tuvieron disminuciones y hubo programas que desaparecieron. Entre los que desaparecieron está el de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad, el de Fortalecimiento a los Servicios Estatales de Salud, el de Comunidad Diferente y el de Mantenimiento de Infraestructura. Pero también tuvieron fuertes reducciones el de Atención a Personas con Discapacidad, ya que el actual gobierno optó por las becas y, como si la diabetes no fuera un grave problema en México, se redujo 93 por ciento el de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, entre otras disminuciones para este sector”. de acuerdo con la Unicef, México ocupa el primer lugar en obesidad y diabetes infantil a nivel mundial.

En educación se recortaron los recursos a 30 programas, entre ellos el de Educación Inicial y Básica Comunitaria, así como el de Educación para Adultos.

En Agricultura y Desarrollo Rural, se disminuyeron recursos a 17 programas; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tuvo reducciones en 15 de sus programas, sobre todo en lo que se refiere al rubro de vivienda popular. Todas estas afectaciones a los programas sociales, tendrán, seguramente graves repercusiones en los próximos meses que difícilmente serán compensadas con los nuevos programas, que en su mayoría son de apoyos económicos directos. Además, desaparecieron el Ramo 23 que estaba destinado a la realización de obras públicas en los municipios; ahora los ayuntamientos padecerán la falta de recursos para resolver demandas del orden básico a sus gobernados.

La Oxfam señala que la reducción de las condiciones de desigualdad depende de una correcta aplicación de políticas públicas y que en 13 países en desarrollo, el 69% de la disminución de la desigualdad se debe al gasto en educación y salud. “En este sentido, el acceso a los servicios públicos universales como la salud y la educación tiene una fuerte capacidad para reducir la desigualdad y contribuye a que las sociedades sean libres y justas”. Y es precisamente en estos rubros en los que se presentan actualmente las mayores reducciones, así que no tenemos elementos para esperar que las cosas cambien para bien de las mayorías, y si habrán de cambiar será porque el pueblo organizado se habrá puesto en movimiento, y sabrá, mediante su lucha y el desarrollo de su conciencia, exigir lo que por derecho le corresponde.