LAS LEYES Y SUS FAVORECIDOS

Doctor en Desarrollo Económico por la London School of Economics

La Crónica de Chihuahua
Abril de 2013, 08:55 am

De antiguo, desde que la sociedad se dividió en clases sociales, los poderosos han hecho leyes para proteger sus intereses, pretendiendo que les eran dictadas por los dioses, para así dar a sus ordenamientos más fuerza, autoridad y obligatoriedad e imponer hacia ellos un respeto místico en los pueblos que debían acatarlos. En Babilonia, a Hammurabi le habría sido dictado su célebre código por Shamash, el dios de la justicia, allá por el año 1760, a. C. Igualmente, Dios entregó a Moisés las tablas de la ley en el desierto del Sinaí, para su acatamiento por los hombres. Según la leyenda, a Licurgo, el legendario legislador espartano, le fueron inspiradas sus leyes por el oráculo de Delfos. Y si las leyes tuvieron origen divino, igual sucedía con el poder de quienes las aplicaban, no quedando a los débiles otro camino que obedecer, y sin chistar.

Creencia muy extendida, propia del idealismo subjetivo, es que las leyes que los legisladores hacen, mueven a la realidad, como si fueran su demiurgo; mas sin negar su influencia, a final de cuentas son expresión formalizada que emana de la vida misma; se mueven a tenor con la economía y dan carácter legal a fenómenos ya existentes. Históricamente, el derecho no creó a la propiedad privada, sino que vino a sacralizarla, organizarla y protegerla, en su forma clásica en la antigua Roma de una manera más “civil”; pero se venía incubando ya desde la antigüedad y luego con Solón y Dracón en Atenas. En la Ilustración francesa en el siglo XVIII, con la burguesía en ascenso y en abierto conflicto con el régimen feudal, ganó fuerza la teoría de que la norma jurídica es un “contrato” para armonizar las relaciones sociales y evitar que impere la ley de la selva. Pero la verdad es que el ordenamiento jurídico legaliza el poder del más fuerte.

Izquierdas y derechas en el Gobierno han encontrado en la manufactura de leyes a velocidad industrial un filón político y pingües beneficios económicos. Víctimas del llamado cretinismo parlamentario, los diputados de la pretendida izquierda han creído que reformando y haciendo leyes a granel se cambia el mundo, como si éstas tuvieran poderes sobrenaturales de conjuro; un mágico “ábrete sésamo”, capaz de desplegar y ofrecer un mundo de riqueza. Piensan que acumulando ley sobre ley puede mejorar el bienestar social. Pero sin importar las pocas que hayan promovido o apoyado, desde hace mucho que existen leyes que protegen garantías como el derecho a la vivienda, a un trabajo digno y bien remunerado; el derecho de petición, de manifestación, o a la información, que luego, por cierto, los mismos señores de la izquierda han hecho nugatorio al oponerse a la protesta social o por la vía de “encriptar” toda la información concerniente a proyectos como el de los segundos pisos o la línea doce del metro en el Distrito Federal. La realidad es que las leyes que protegen al ciudadano común son un placebo jurídico, puramente retóricas y de efecto adormecedor, pues su disfrute requiere de recursos, de dinero y buenos salarios, que los millones de pobres no tienen, con lo que sólo se quedan con la sensación de que gozan de plenos derechos y que tienen cuanto necesitan…, aunque sólo sea en el papel, pues la pobreza hace imposible su disfrute real. Así que esas leyes son absolutamente inocuas, no cuesta nada promulgarlas, y hasta adornan a quien las propone o las vota. Negocio redondo.

Pero los verdaderos señores del poder, con un sentido más práctico, hacen leyes más efectivas, ésas sí, con dientes, y muy rentables; y se emplean a fondo para aprobar una tras otra, en cascada, como hemos visto: la reforma laboral, la educativa, de telecomunicaciones, energética; y viene la fiscal, etcétera. Tras esta febril labor hay cálculos mucho más pragmáticos, básicamente en dos sentidos: primero, como alguien en sabia expresión ha dicho, mediante ese cúmulo de leyes se ha fraguado una verdadera dictadura legal que, como red de Hefestos, atrapa a los ciudadanos, impidiéndoles casi hasta respirar, pues todo ha quedado prohibido. Paradojas de la injusticia: un exceso de leyes coarta hoy “legalmente” la libertad.

En segundo lugar, las leyes son producto de la exigencia de sectores económicos, sociales y políticos con intereses concretos, por lo que al aplicarse no tienen efecto neutro, a pesar de que se diga que son para favorecer a “los mexicanos” o “a México”; eso, así en abstracto, no existe: lo que hay son mexicanos concretos, pobres o ricos. Y es un error asumir la igualdad entre ellos y a partir de ahí suponer un efecto igual de la ley. Nuestra sociedad está profundamente dividida en clases y sectores sociales con intereses diferentes y frecuentemente antagónicos, con lo que una acción legislativa tiene siempre un efecto diferenciado. La igualación de todos ante la ley es un supuesto falso, que sólo tiene lugar en el papel y en el discurso. Históricamente es fruto de la sociedad moderna, un triunfo sobre el derecho feudal, que otorgaba formalmente estatus jurídico distinto a cada clase y estamento. En este sentido significó un progreso, aunque muy limitado, pues iguala formalmente a quienes en realidad son desiguales: a los grandes potentados con el pobre campesino; al patrón con el obrero; al alto funcionario con el indefenso ciudadano común. Toda ley se diseña o adecua en beneficio de intereses específicos, y aunque se la rodee de un nimbo divino, es hechura de hombres concretos con intereses concretos; por ejemplo, de diputados que representan a las televisoras (la llamada telebancada), a empresarios mineros, a los señores del transporte, a las grandes compañías constructoras o a los magnates de la agricultura. A ellos van dirigidas las leyes que les regalan el país en exclusivo disfrute.

Finalmente, como un atavismo de aquellos pretendidos orígenes divinos de las leyes, escuchamos a funcionarios que se sienten modernos salomones cuando nos recitan la hipócrita frase de que “nadie está por encima de la ley”, formulita más bien opiácea, que hace creer que vivimos en un país de trato igual. Pero aquí se aplica la ley aquella del tonel: entre más ruidoso más vacío, pues la verdad es que siempre ha habido grupos y personas por encima de la ley, empezando por quienes las hacen, y siguiendo por quienes tienen poder para violarlas, como los grandes potentados o los gobernantes poderosos que se cubren diciendo con estridencia que nadie está por encima de la ley. Ellos sí que lo están, como puede verlo cualquiera. O sea que la cantaleta ésa sólo es aplicable para quienes no pueden defenderse; por ejemplo, pagando un buen abogado o sobornando a un juez. En conclusión, mientras haya un abismo económico dividiendo a los mexicanos, las leyes tendrán, indefectiblemente, un efecto de beneficio para unos y de perjuicio para otros.