Los beneficiarios del vandalismo en las marchas

REPORTAJE/ Especial La Crónica de Chihuahua

La Crónica de Chihuahua
Diciembre de 2014, 15:18 pm

/facebook @twitterMartín Morales

Con el argumento de perseguir y sancionar a individuos encapuchados que desde hace meses irrumpen en diversas manifestaciones de protesta para destrozar e incendiar instalaciones públicas, romper vidrios y graffitear muros, manifestantes con legítimos reclamos de justicia han resultado hostigados, golpeados y encarcelados, así como activistas políticos que cuestionan las reformas neoliberales que han abierto de par en par las puertas del país a las trasnacionales, se han visto perseguidos por actos ilícitos como motín y asociación delictuosa.

La actual agitación social derivada del sangriento episodio de Iguala, Guerrero, no sólo ha servido de pretexto para las acciones represivas del Estado, sino también para anticipar una intervención estadounidense con el argumento de que en México hay un “Estado fallido” cuyas autoridades han sido rebasadas por la inseguridad pública, las bandas del narcotráfico, la corrupción política y policial y la creciente inconformidad social de muchos sectores de la población.

Al ambiente generalizado de inestabilidad e inseguridad pública se suma una profunda crisis que dirigentes de diversas organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos denunciaron a este semanario, cuya expresión más preocupante es la cacería de opositores al Gobierno actual por cuenta de instituciones de seguridad del Estado y la infiltración de todo tipo de agentes gubernamentales en concentraciones, movilizaciones, centros de educación superior como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

En el caso del IPN, actualmente en huelga por la imposición de un programa académico rechazado por los estudiantes, los pretextos para perseguir a los jóvenes son su presunta identificación como “porros” y el estudiantado movilizado es objeto continuo de hostigamiento personal mediante llamadas telefónicas, vigilancia estrecha y permanente en los lugares frecuentados por los activistas.

El 20N

Resalta el caso de la movilización nacional realizada el 20 de noviembre, que en la capital de la República se concentró en la Plaza de la Constitución (Zócalo): la policía federal detuvo a 11 jóvenes estudiantes que fueron entregados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), de la que posteriormente ocho fueron enviados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 5, ubicado en Villa Aldama, Veracruz; y tres mujeres al Cefereso 4, localizado en Tepic, Nayarit. El sábado 29 de noviembre los 11 fueron liberados después de que los jueces consideraran endebles las acusaciones que les hizo la PGR, según refirió la abogada Karla Michel Salas Ramírez.

De acuerdo con Salas, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), tanto del chileno Laurence Maxwell Ilablanca, como los 10 mexicanos capturados, fueron detenidos en las inmediaciones del Zócalo por distintos policías (locales y federales) y en situaciones y lugares diferentes tras la manifestación de protesta que esa tarde se realizó por el caso Ayotzinapa.

Maxwell Ilabaca, de 47 años de edad, candidato a doctor en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue capturado fuera del Zócalo, en el cruce de las calles 5 de Mayo y Madero. Liliana Garduño Ortega, de 30 años de edad, estudiante en el sistema abierto, dijo haber caído al suelo cuando un contingente de granaderos dispersaba a otros manifestantes. Ahí fue golpeada y detenida por policías antimotines. Un caso parecido padeció Tania Ivonne Damián, de 30 años, estudiante de sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, a quien los golpes aflojaron sus dientes frontales.

En el contingente de la FCPyS iba Hugo Bautista, también estudiante de Sociología, quien de manera parecida fue tundido a golpes. Atzin Andrade, de 29 años, estudiante de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) La Esmeralda, quien también resultó golpeado. Otros detenidos de manera violenta fueron Juan Daniel López, de 18 años de edad, miembro del Frente Popular Francisco Villa (FPFV); Liliana Garduño, Hillary Analí González, Francisco García, Luis Carlos Pichardo, Ramón Domínguez y Roberto César Jasso. Todos liberados el sábado 29 de noviembre, porque el juzgador no encontró elementos para procesarlos por motín, homicidio en grado de tentativa –se supone que quisieron matar un policía antimotines con todo y equipo– y por asociación delictuosa.

Acoso policiaco a universitarios

También hubo casos insólitos como el que se dio mediante una incursión de policías judiciales capitalinos en la Facultad de FFyL de la UNAM, alrededor de las 13:30 horas del sábado 15 de noviembre, cuando un grupo de estudiantes realizaba una asamblea en el auditorio del centro escolar para analizar el caso Ayotzinapa.

El equipo de enviados de la procuraduría capitalina, que supuestamente investigaba el robo de un celular, llegó a bordo de un auto compacto gris sin insignias oficiales. De acuerdo con testigos, estas personas bajaron del auto y comenzaron a tomar fotos, lo que generó la protesta de los estudiantes.

Uno de los sujetos desenfundó su arma de cargo, presuntamente para disparar al aire, pero uno de sus disparos fue hacia abajo e hirió en la pierna izquierda a uno de los jóvenes, de nombre Miguel Ángel Ordaz. Los sujetos huyeron del lugar abandonando el automóvil. Los estudiantes recogieron una credencial de la PGJDF a nombre de Rodolfo Lizárraga Rivera.

La PGJDF informó que el responsable de los disparos fue el policía Luis Aguinaga Saavedra, quien fue detenido y consignado, pero el 19 de noviembre quedó libre bajo fianza –pagó 133 mil 645 pesos– para seguir su proceso penal en libertad, pues su delito no se considera como grave. El agente dijo que sacó su arma y disparó al aire porque fue golpeado por los jóvenes.

La noche de ese mismo día un contingente de aproximadamente 500 granaderos irrumpió en Ciudad Universitaria con el aparente objetivo de desalojar a los estudiantes congregados en el auditorio Ernesto Che Guevara, de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM, pero antes de que pudieran actuar fueron retirados del lugar.

El sábado 29 de noviembre fue liberado por la SEIDO de la PGR el estudiante de la FFyL, Sandino Bucio Dovali, detenido poco después de las cinco de la tarde del viernes 28 de noviembre, sobre la calle Filosofía y Letras, en las inmediaciones del Metro Copilco, donde al menos dos personas lo amagaron con armas largas para subirlo violentamente a un auto compacto gris, sin insignias de corporación alguna. Su secuestro fue videograbado por un testigo presencial.

Este activista universitario, quien ha participado en diversas movilizaciones en los últimos dos años, había asistido minutos antes a una asamblea en el auditorio de la FFyL. En la noche de ese viernes unas 100 personas, familiares, profesores y estudiantes, se colocaron en la puerta del acceso principal a la SEIDO que da a Violeta y Reforma, en espera de la liberación del joven, quien fue puesto en libertad hasta la mañana del sábado, cuando se indicó a sus familiares que había sido trasladado a la SEIDO para cumplir una “orden de presentación”, y que una vez cumplida ésta se le dejaba en libertad al demostrarse que no estaba involucrado en ningún delito.

Atzelbi Hernández, estudiante de la FFyL, conversó con buzos: “Detienen a gente al azar, sin órdenes de aprehensión, sin flagrancia; en la mayoría de los casos no pueden sostener la detención y terminan por liberar a los detenidos. Es un mecanismo terrible; es una práctica ilegal donde todas las organizaciones de derechos humanos, en particular las comisiones de Derechos Humanos del Distrito Federal (DF) y la nacional deberían estar insistiendo en no permitir esto”.
Sobre los 11 estudiantes detenidos en el Zócalo, liberados el sábado 29 de noviembre, Hernández dijo: “Son policías del cuerpo de granaderos del Distrito Federal quienes ejecutan las detenciones y después entregan a los compañeros a la Policía Federal, lo que les permite consignarlos con cargos federales; es en general una práctica sistemática, ilegal y muy grave”.

“El protocolo de contención de la policía capitalina es un mecanismo que ha permitido a través de muchas formas reprimir las movilizaciones en la Ciudad de México; utilizan diversos procesos, desde la participación de policías vestidos de civil, dentro y alrededor de los contingentes, hasta esos mecanismos de encapsulamiento (copar a manifestantes), de barrido, como el que implementaron el 20 de noviembre en el Zócalo y las detenciones arbitrarias; todo eso responde a un mecanismo para tratar de disuadir a la población de no participar en movilizaciones; sin embargo, la indignación es tan grande, que a pesar de todo eso que están haciendo, las movilizaciones en la Ciudad siguen siendo muy grandes e importantes”, añadió.

El doctor Gerardo de la Fuente, coordinador del Colegio de Filosofía de la FFyL, señaló: “Al parecer las autoridades gubernamentales han decidido iniciar una cacería de activistas, como respuesta a la indignación ciudadana frente a las graves situaciones que vive nuestro país, lo cual es extremadamente preocupante”.

El vandalismo es obra de infiltrados

Por separado, Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT), resaltó: “Tenemos que considerar que no podemos dejar que haya personas, agentes de seguridad del Estado, que estén en las marchas vestidos de civil, y que además actúen con violencia durante las manifestaciones, eso me parece reprobable”.

Ríos destacó que si hay personas que realmente violan la ley deben ser consignadas, pero la represión se ha dado “contra niñas, niños, defensores de derechos humanos, extranjeros, hay una constante de abusos policiales, y luego, las faltas al debido proceso con las personas detenidas; realmente no hay elementos de flagrancia, se apoyan solamente de dichos para inculpar a las personas, se les acusa de delitos extremadamente graves, son golpeados, torturados; hay una escalada de violaciones a los derechos humanos que no podemos permitir”.

–¿Han estudiado las fotos que circulan en redes sociales sobre presuntos agentes gubernamentales, incluso presuntamente algunos militares, tomados encapuchados y luego sin capucha, lanzando bombas molotov y azuzando la violencia a otros encapuchados?, se preguntó a Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) en México.

–No hemos podido documentar esta situación; tenemos conocimiento de todas estas fotos y todas estas cuestiones que circulan en redes sociales; sin embargo, lo que sí queremos decir es que sería muy fácil detener a estas personas si de verdad hubiera esta intención, que están haciendo estos actos violentos; es decir, con las fuerzas de seguridad ahí, con las personas plenamente identificadas, sería absolutamente fácil detenerlos. Sin embargo, no se hace, entonces la gran pregunta es: ¿Por qué? Aquí hay dos respuestas y cualquiera de las dos coloca al Estado mexicano o al Gobierno de la República, en una clara posición incómoda.

Una, porque no tiene la capacidad para detener a estas personas cuando están haciendo estos actos vandálicos; entonces se cuestiona la capacidad de la impartición de justicia de poder detener a las personas que están infringiendo la ley, o no quieren detenerlos. Entonces habría que saber por qué no se quiere detenerlos en determinado momento, y qué hay detrás de esta imposibilidad para detenerlos. Cualquiera de las dos respuestas es igualmente mala; no sé si alguna peor que otra, pero justamente esto habla de un ambiente enrarecido en estos temas.

–¿Cómo ven la actitud de los dirigentes empresariales azuzando al Estado para que reprima y así preservar el estado de derecho?
– Es totalmente errónea, desde nuestro punto de vista, y distorsionada la idea del origen de los problemas estructurales de este país; hay que recordar que las manifestaciones en las calles no se dan porque la gente nada más quiera manifestarse, sino porque el estado de derecho se ha quebrantado desde hace muchos años por todas estas cuestiones de violaciones a derechos humanos; uno se cuestiona los valores que tienen algunos miembros de la sociedad y valores que desde mi punto de vista están un poco invertidos, porque hay mucha preocupación por lo que sucede al quemar una puerta, al quemar un Metrobús, no estoy diciendo que sean actos justificables ni que sean actos que no haya que perseguir.

Pero hay una aceptación hacia el hecho de que está bien, se puede morir gente, pueden desaparecer 22 mil personas, puede haber más de 80 mil asesinados, pero en tanto eso no afecte a la cúpula empresarial, no hay problema; en cuanto haya un hecho que afecte los negocios y a la cúpula empresarial, entonces sí hay descontento. Creo que como sociedad debemos invertir algunos valores, o algunos de sus miembros que tienen valores que habría que revisar y que quizás hayan contribuido a que hoy estemos en el lugar que estamos, con esta tremenda crisis de derechos humanos y de seguridad.

Acerca de la especulación sobre la identidad de quienes se ocultan tras un pasamontañas, máscaras, pañuelos y trapos, puede decirse que su presencia en las manifestaciones se convirtió en un pretexto para que la fuerza pública se lanzara a patadas, puñetazos y toletazos a diestra y siniestra en contra de manifestantes y para que se hagan persecuciones “hormiga” de activistas, así como encarcelamientos a discreción como los escritos.

En palabras del doctor Hugo Aboites, especialista nacional e internacional en Educación, actualmente rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), se trata del viejo modelo de la solución de los conflictos sociales mediante la represión, alternada con ofrecimientos de subsidios o programas sociales especiales. “Es el esquema acostumbrado de represión y administración del descontento”, dijo Aboites.

El imperio al acecho

En este escenario de inseguridad e inestabilidad incendiarias, el Gobierno de EE. UU. se ha ofrecido como el “salvador” eficiente de México. Luego de conocerse internacionalmente el caso Ayotzinapa, los voceros de la oficina de prensa de la Casa Blanca expresaron reiteradamente que el presidente Barack Obama experimentaba “preocupación” por la situación en México, y en concreto, por la prolongada desaparición de los 43 normalistas entre el 26 y 27 de septiembre pasado. El 26 de noviembre tuvo lugar una conversación telefónica entre Obama y Peña Nieto que, según fuentes oficiales de ambas naciones, se trató sobre la regularización de migrantes mexicanos a raíz del decreto presidencial expedido recientemente en EE. UU. Sin embargo, diversos medios internacionales, como el diario El País, de España, divulgaron que fuentes estadounidenses habían confirmado que ambos mandatarios hablaron sobre el asunto Ayotzinapa, pero sin obtener mayores detalles sobre ello.

Ese mismo día, el secretario de Estado de EE. UU., John Kerry, reveló que el Gobierno de esa nación estaba dispuesto a ayudar a México a enfrentar la “difícil situación” política que padecía. La declaración de Kerry tuvo lugar poco después de que legisladores del Congreso de su país manifestaran su “preocupación” por el destino final de los normalistas de Ayotizinapa y de que 14 senadores republicanos y demócratas habían demandado a Obama que interviniera en México para “ayudar” a su Gobierno a solucionar el problema. “Después de más de un mes de continuas investigaciones por las autoridades mexicanas es desconcertante que el paradero de estos estudiantes siga siendo incierto, aunque existe una creciente evidencia que indica que se han convertido en las últimas víctimas de la violencia relacionada con las drogas en el país”, indicaron los senadores estadounidenses.

Su propuesta intervencionista es muy clara y concreta: “Incluso si se confirman nuestros peores temores –o sea que los normalistas estarían muertos– le pedimos que ayude al Gobierno mexicano en sus esfuerzos para llevar a los responsables ante la justicia y para asegurar las identificaciones en los exámenes post-mortem que permitan que las familias comiencen su proceso de luto y de recuperación”. El texto fue firmado por el líder del Comité de Relaciones Exteriores, el demócrata Robert Menéndez, y por sus compañeros Richard Durbin (Illinois); Ben Cardin (Maryland); Tom Udall (Nuevo México); Cristopher Coons (Delaware); Tim Kaine (Virginia); Patrick Leahy (Vermont) y Edward Markey (Massachusetts). También lo suscribieron Dianne Feinstein (California); Christopher Murphy (Connecticut); Barbara Boxer (California); y Cory Booker (Nueva Jersey). Los republicanos fueron el senador por Florida Marco Rubio y por Illinois Mark Kirk. En apoyo a su demanda de intervención, los senadores estadounidenses adujeron la desaparición de 22 mil personas en la última década, cifra que “constituye una de las más grandes del hemisferio”, que “no puede ser ignorada” y que por supuesto es “síntoma de un problema más grande y endémico” en el México de los últimos años.