Otra vez, el poder como botín

Javier Corral Jurado/ Columna Rotafolio

La Crónica de Chihuahua
Noviembre de 2012, 20:16 pm

Quizá porque ha sido muy mal informado, porque ante la toma de protesta se haya desbordado el triunfalismo o porque ya se trate del renacimiento del espíritu faccioso, el Presidente electo Enrique Peña Nieto está a punto de cometer uno de sus primeros y grandes errores: achicar la ley del Servicio Profesional de Carrera, al excluir de éste concurso y evaluación periódica a los Directores Generales y a los Directores Generales Adjuntos, y nombrarlos por libre designación bajo los principios de lealtad y confianza "absolutas". Una especie de reinstalación de los principios del amiguismo y el compadrazgo para asignar cargos en áreas de responsabilidad pública esencialmente técnicas y donde la profesionalización ha sido una de las metas al servicio del Estado y no de los grupos de poder en turno.

Los esfuerzos en favor de la profesionalización de los servidores públicos tiene antecedentes en sexenios priístas, partícularmente en el del Presidente Ernesto Zedillo, con la promulgación del “Programa de Modernización de la Administración Pública Federal 1995-2000” (PROMAP), que planteó una política pública en materia de profesionalización por medio de la dignificación, profesionalización y ética del servidor público. Pero fue hasta la llegada del PAN con Vicente Fox, cuando se presentó la Agenda de Buen Gobierno, en la que se incluyó la Estrategia “Gobierno profesional”, cuyo objetivo fue “Atraer, retener y motivar a las mejores mujeres y los mejores hombres en el servicio público, garantizando que la administración pública transite sexenalmente con el mínimo trastorno y la máxima eficacia, y asegurando que, siendo políticamente neutra, se convierta en un factor estratégico de la competitividad del país”.

Esto se concretó en el 2003, al aprobarse la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Un paso decisivo en la modernización gubernamental y signo de madurez política, pues parecía atajarse el faccioso principio de que el gobierno es de quien gana las elecciones, el poder como botín de partido. Se establecía finalmente un sistema de mérito e igualdad de oportunidades, y el incremento del atractivo del empleo público para incorporar los mejores talentos del país. Este gran avance pretende ser menoscabado.

Los niveles de DG y DGA´s, son puestos que entre sus funciones tienen la de proponer el diseño de las políticas públicas, así como la de coordinar la implantación y operación de dichas políticas. Ambas funciones implican un conocimiento técnico en las materias y una visión estratégica de los diversos componentes de la política pública; por lo cual, estos niveles son el nivel de interconexión entre quienes toman las decisiones de los altos mandos y los niveles de los mandos medios que operan dichas decisiones. Un gran porcentaje de estos directores generales provienen, hay que decirlo, de administraciones priístas. Una de las quejas que muchos panistas alzaban frente a Vicente Fox y Felipe Calderón.

Es una muy mala señal la que está enviando Peña Nieto hacia dentro de la administración y por supuesto en el contexto de la proxima alternancia. El ciudadano que no tenga una relación de lealtad política con un funcionario de alto nivel, no podrá acceder al servicio público, y quienes están en él, sólo podrán aspirar a una dirección de área, los que quieran subir, tendrán que afiliarse al PRI. Porque ya conocemos el concepto que de confianza tiene la clase política priísta, solo hay que voltear a ver a sus gobiernos locales, auténticos ejercicios facciosos, como lo demuestra el gobierno de César Duarte.

Además, el Servicio Profesional de Carrera asegura mecanismos de evaluación del desempeño basado en resultados, donde el Servidor Público es evaluado en función del cumplimiento de sus metas y en beneficio de la ciudadanía. Al mismo tiempo en el SPC se determinan procedimientos de acceso al servicio público con objetividad, imparcialidad, en igualdad de oportunidades, basado en el mérito y sobre todo, con equidad de género. Sería interesante conocer la propuesta técnica de cómo sería una evaluación basada en la lealtad y la confianza con el superior jerárquico.

El servicio profesional de carrera (SPC) surgió con el objetivo de contar con apoyo técnico especializado para dar continuidad a los servicios de la administración pública en beneficio de la sociedad, además de atender a la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA que México firmó en marzo de 1996 que establece: “Los estados partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer: los sistemas para la contratación de funcionarios públicos… que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas.”

Es entendible y valido que un nuevo gobierno quiera designar de manera libre en los puestos de alta responsabilidad a sus cuadros ideológicos o de afinidad política, pero estos ya están contemplados en la LSPCAPF cuando desde la iniciativa que le dio origen se señalaba a los funcionarios que se excluirían de esta para que fueran designados por los superiores jerárquicos.

Lo más grave de este asunto, es que el dictamen aprobado ya en comisiones del senado esta semana que termina genera una estructura paralela, pues en el artículo segundo transitorio se prevé la subsistencia de servidores públicos del mismo nivel, sean de carrera o de libre designación, lo que genera un gasto presupuestal incalculable, ahora que si los actuales servidores públicos fueran despedidos el cálculo estimado para la indemnización ascendería a 268.3 millones de pesos, sin embargo estas cifras e impacto presupuestal no se incluyen en el documento.

Ahora bien, nuestro país no es pionero en el tema y si bien en otras naciones hay variaciones en los enfoques, en todas hay una clara coincidencia en una idea central: para que la administración pública funcione bien y sea eficiente, efectiva y honesta es necesario que se cuente con un cuerpo de funcionarios profesionales, preparados y talentosos. En ningún país del mundo hay algún sistema mediante el que se contrate por lealtad y confianza.

Muchas críticas podrán hacérsele al servicio profesional de carrera y quizá con razón, pues hay casos en los que se ha tergiversado, pero no podemos generalizar y dar un paso atrás no podemos achicar en lugar de ensanchar, en todo caso es necesaria una evaluación profunda para eliminar fallas estructurales, fortalecer y consolidar este sistema.

La propuesta del Grupo Parlamentario del PRI es contraria a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género y busca claramente, esos fueron sus argumentos, un grupo de servidores públicos leales a principios ideológicos de su partido y no beneficios concretos a la sociedad.

El retorno del PRI a la Presidencia de la República no debiera traducirse en el retroceso de avances significativos en la democracia mexicana como es el SPC, debe apostarse a procesos transparentes, imparciales en el que se favorezca la capacidad de los servidores públicos. No volvamos a la cultura patrimonialista del poder como botín.