Reforma penal acusatoria: el que debe apurarse es el presidente

Alejandro Salmón Aguilera

La Crónica de Chihuahua
Febrero de 2013, 23:46 pm

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, vino a “apurar” a los gobiernos estatales y a pedirles que “destraben” el Sistema Penal Acusatorio.
Lo que no recordó el presidente es que el más atrasado es el Gobierno Federal, entiéndase en éste a los tres poderes de la Unión.

Chihuahua y otros dos estados del país ya instauraron el sistema penal acusatorio basado en los juicios orales y en la presunción de inocencia del inculpado. El resto, sabe Dios en qué trazas estén, acaso algunos lleven algún grado de avance, otros estén a punto de arrancarlo.

Lo cierto es que el Poder Judicial de la Federación no ha hecho mayores movimientos para instaurar ese sistema de justicia, pese a que se aprobó hace cuatro años y a que entrará en vigor dentro de dos.

Es decir: que ya perdieron cuatro años y ahora deberán hacer todo a la carrera en los siguientes dos años.

Si uno le busca, en ningún lado del Presupuesto de Egresos del Poder Judicial de la Federación existe una sola partida de dinero para instaurar el mencionado Sistema Acusatorio. Eso significa que el 2013 será otro año perdido.

No se entiende, entonces, por qué el presidente vino a carrerear a los gobernadores, cuando el más rezagado es el mismo Poder Judicial Federal.

Así como van las cosas, todo pinta para que ocurra una de esas descentralizaciones inscritas en el papel pero nunca impactadas en el presupuesto.

Al final, va a suceder algo parecido a lo que ocurrió con la “federalización” del delito de secuestro. ¿Qué pasó ahí? Que el 28 de febrero del 2011 entró en vigor una Ley General para Combatir y Erradicar el Secuestro, lo cual convertía a ese delito en materia federal.

¿Y, qué pasó? Nada, que a la fecha, la Policía Federal no ha detenido bandas de secuestradores, no al menos en Chihuahua ni los jueces de distrito no han conocido de un solo caso.

Hasta ahora, las bandas de secuestradores han sido perseguidas y detenidas por la Fiscalía General del Estado; la carpeta de investigación y la presentación del presunto delincuente ante un jurado, ha corrido a cargo del Ministerio Público del fuero común; el juicio ha sido presidido por un juez de garantía o bien por uno oral, ambos del Poder Judicial del Estado. Los sentenciados purgan su condena en una cárcel estatal. ¿Cuál federalización?

Nada más falta que, ante la nula aplicación de la reforma penal acusatoria, el Gobierno Federal le “descentralice” la justicia a Chihuahua, a fin que para esas alturas ya tendrá hasta Ciudad Judicial, y deje a sus juzgados de distrito para otorgar amparos con los que dejarán libres a los delincuentes que aprehendió la Policía Estatal. ¡Bonito federalismo!