Reforma política y cláusula de gobernabilidad

Javier Corral Jurado/ Columna Rotafolio

La Crónica de Chihuahua
Mayo de 2011, 12:11 pm

No le será fácil a Enrique Peña Nieto y a su bancada en la cámara de diputados evitar la discusión de la reforma política aprobada en la cámara de los senadores con el consenso del PRI, PAN y PRD que, al final del periodo ordinario de sesiones se turnó a la colegisladora y fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación, con opinión de la de Participación Ciudadana.

Con el turno se inició formalmente el plazo reglamentario para desahogar su discusión y eventual votación; y bajo las nuevas reglas que los diputados aprobamos en este mismo periodo, no habrá manera de mandarla a la congeladora, sino que en el extremo de los supuestos, ésta deberá pasar al pleno en Octubre próximo, con dictamen de las comisiones, o sin él.

De ahí que se vea como un acto de inutilidad política –además de la mezquindad que se refleja entre compañeros de un mismo partido–, tratar de minimizar el avance cierto que representa para la vida democrática del país ese conjunto de reformas constitucionales.
Actitud alentada en la fracción priísta de San Lázaro, por el grupo de diputados del estado de México, que no le concede la mayor trascendencia a la reforma, no sólo porque ha tenido base en la iniciativa presentada por el Presidente de la República Felipe Calderón, sino porque entre los impulsores del consenso que logró la mayoría calificada que requiere toda reforma constitucional, se encuentra ni más ni menos que el senador Manlio Fabio Beltrones, el único que hasta ahora parece realmente competirle a Peña la candidatura presidencial por ese partido.

El gobernador del estado de México no logró sacudirse el señalamiento de la opinión pública que lo identifica como el autor intelectual del atorón legislativo de varias reformas estructurales de suma importancia, entre ellas, la reforma laboral, y tuvo que salir al paso con una declaración que, lo único que confirmó, fue su desdén por el esfuerzo realizado en el Senado por miembros de su mismo partido: “la reforma política no es la panacea de nada”. Es ilustrativa esa expresión del ayuno conceptual en el que se maneja el gobernador mexiquense, porque si bien es cierto no estamos ante la presencia de una reforma integral a la Constitución que derive en un nuevo régimen político, es indiscutible que la reforma contempla viejas demandas sociales y muy caros anhelos ciudadanos de participación directa en la toma de decisiones del poder en México que iniciará ese rumbo, como las candidaturas ciudadanas, la iniciativa popular, las consultas populares, la reelección legislativa y la posibilidad de la reelección de los ayuntamientos, entre otras.

Para disimular su resistencia, la fracción priísta, puso como condición a esta reforma incorporar la llamada “cláusula de gobernabilidad” impulsada por el gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto.
Así lo expresó en un artículo del 16 de marzo de 2010 para El Universal: “La cláusula de gobernabilidad, que permitiría alcanzar la mayoría absoluta al partido que obtenga una mayoría relativa de 35% o más de votación (…) sería particularmente útil en las elecciones concurrentes para Presidente de la República y el Congreso de la Unión”.

El PAN se ha opuesto en todo momento a esta cláusula de regresión al autoritarismo presidencial, el coordinador de los senadores del PAN, José González Morfín, mencionó el pasado 28 de abril: “Condicionar una reforma tan trascendente como la que ayer aprobamos aquí en la Cámara de Senadores a un asunto que todo mundo sabemos que es inviable, que es regresivo, que es un asunto superado en nuestro país hace muchísimos años, me parece que es absolutamente inaceptable.” (Si Peña Nieto) la frena, va a ser un costo muy alto porque yo creo que ésta es una reforma muy bien vista especialmente por la sociedad, por los ciudadanos, porque trae temas que la gente estaba esperando de hace mucho tiempo”.

La “cláusula de gobernabilidad” es una serie de reglas electorales que facilitan a un partido político la obtención de la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, se introdujeron al artículo 54 Constitucional en el año de 1986 y se retiraron en 1993. Ahora, en el año 2011, Peña Nieto impulsa una medida que en su momento también fue promovida por Carlos Salinas de Gortari y que fue retirada de la Constitución desde hace 18 años, por ser considerada retrógrada, propia de los antiguos regímenes presidencialistas en los que una sola persona, el Poder Ejecutivo, también tenía control del Poder Legislativo y las minorías era ignoradas en lo absoluto para la toma de acuerdos.

Esta medida tiene un bajo nivel de aceptación en la sociedad porque fue utilizado por diversos regímenes fascistas en el mundo como en Italia. En los libros de historia queda acreditado que Benito Mussolini impulsó en 1923 la ley Acerbo, misma que incluía esta “cláusula de gobernabilidad”, al partido que obtuviera la mayoría simple en las elecciones se le atribuía automáticamente la mayoría absoluta en el parlamento. Como se puede ver, esta cláusula con careta de “gobernabilidad” o “estabilidad política”, no es más que una vergonzosa estrategia dictatorial, propia de los regímenes más autoritarios y perversos en el mundo.

Estoy en contra de esta cláusula regresiva pues considero que el verdadero problema de la parálisis legislativa se encuentra en la voluntad política, que muchas veces antepone los intereses personales y electorales al establecimiento de acuerdos legislativos que beneficien a la población.

El condicionamiento priísta es hasta cierto punto tramposo, pues saben perfectamente que la función revisora de una cámara en calidad de colegisladora sólo puede abocarse al contenido de la minuta, y no pueden incorporarse nuevas iniciativas. Así lo establece el artículo 81 del nuevo reglamento, “Los dictámenes que atiendan minutas deberán abocarse sólo a estas”.

Quizá lo más importante estriba en que de ninguna manera podrá evitarse la discusión y el debate que decante explícitamente las posiciones reales sobre esta reforma. De acuerdo al artículo 95 del reglamento para la Cámara de Diputados el plazo máximo para desahogar un dictamen sobre una minuta de reforma constitucional es de 90 días, con la posibilidad de contar por una sola ocasión con una prorroga por el mismo plazo.

Dice el nuevo reglamento: “Si transcurre este plazo, sin que la comisión formule un dictamen, se tendrá por precluida la facultad de la comisión o comisiones para hacerlo, observando lo siguiente:

a) El Presidente deberá emitir la declaratoria de publicidad, a más tardar, dos sesiones ordinarias después de que el plazo para emitir dictamen haya precluido.

b) La Mesa Directiva deberá incluirlas en el Orden del día para su discusión y votación, cuando hayan transcurrido dos sesiones, a partir de la declaratoria de publicidad.

c) Las minutas deberán ser aprobadas por mayoría absoluta, de lo contrario se tendrán por desechadas. En ambos supuestos continuarán con su proceso legislativo de acuerdo a lo que establece el artículo 72 Constitucional.

d) En el caso de las minutas de reforma constitucional deberán ser aprobadas por mayoría calificada, de lo contrario se tendrán por desechadas. (Inciso adicionado DOF 20-04-2011).

Por ello señalo que no les será fácil evitar la discusión y deberán medir muy bien los costos políticos de negarles a los ciudadanos esos instrumentos de la denominada democracia participativa. Acontecerá ese debate, cuando exactamente esté dando inicio de manera formal el proceso electoral federal para renovar la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión. Será entonces interesante conocer los motivos del Lobo.