Una declaración libertaria sobre Internet

Javier Corral Jurado/ Columna Rotafolio

La Crónica de Chihuahua
Junio de 2011, 16:48 pm

Invitado por la Universidad del Mayab, en Mérida, Yucatán, en febrero pasado, tuve con los estudiantes de la Escuela de Comunicación un diálogo que a mi me pareció muy esperanzador, por la franqueza y la información con que se abordó el tema del poder y las redes sociales. El encuentro fue videograbado y de manera íntegra se subió en varios fragmentos al canal de YouTube.

La inquietud fundamental era si se debían o no regular las redes sociales en Internet. Mi respuesta inmediata fue un contundente: no. Expuse que no habría por qué regular una herramienta que ha resultado en lo general exitosa para la sociedad, la libertad que las caracteriza debe conservarse así, pues es la misma característica que ha llevado a estas herramientas a convertirse en una arena de discusión política relevante pues las redes sociales en Internet son un traslado de la estructura básica de socialización en una comunidad humana, a una plataforma virtual, y debe asegurarse el mismo sistema de derechos y libertades que rige a la sociedad civil organizada.

A pesar de las consecuencias, la libertad en las redes sociales debe continuar, aún más cuando se ha visto que constituyen no sólo un aliado fundamental para las causas sociales, sino muchas veces la única opción de comunicación que tienen los movimientos frente a la concentración de la televisión y el control informativo, un contexto en el que se tiene hundida a la población mexicana gracias a la cobardía y mediocridad de algunos políticos que no se han atrevido a modernizar la legislación de radio, tv y telecomunicaciones por miedo a ser borrados de la pantalla.

Es cierto que los delincuentes han aprovechado las redes sociales para cometer sus bestialidades, pero una cosa sería regular las redes sociales y otra situación muy distinta sería hablar de proteger a los usuarios. Lo que en parte ya ha hecho la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares que aprobó el Congreso de la Unión en esta legislatura a propuesta e impulso de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

En el caso de los delitos que se aprovechan de la información y la dinámica de las redes sociales, son básicamente: el robo de identidad, la extracción de datos personales para fines ilícitos y recientemente la trata de personas.

La experiencia internacional apunta a que las dependencias o institutos encargados de velar determinados derechos, deben asumir la responsabilidad de proteger los mismos en el ámbito virtual, lo que implica capacitación, pero también sensibilización a la sociedad para que lo exija.

Es necesaria una campaña más visible de precaución a padres y familias sobre los riesgos que se pueden encontrar en la red, mismos que con políticas acertadas del Gobierno pueden cercarse. Más que una legislación especializada en la materia, en México urge la sensibilización ante estos peligros.

Traigo a propósito este tema porque en esta semana se produjo una Declaración Conjunta muy importante sobre la libertad en Internet por parte de los relatores especiales de libertad de expresión de las Américas, Europa, África, y las Naciones Unidas que se puede encontrar íntegra en mi página de Internet: www.javiercorral.org

En la Declaración Conjunta los cuatro relatores sostienen que los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet y no pueden justificar bajo ninguna razón la interrupción de ese servicio a la población, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional. En principio, cualquier medida que limite el acceso a la red es ilegítima, a menos que cumpla con los estrictos requisitos que establecen los estándares internacionales para ese tipo de acciones.

Los relatores establecen que la libertad de expresión debe ser aplicada a Internet del mismo modo que al resto de medios de comunicación. En ese sentido, cualquier restricción que se imponga debe cumplir con los estándares internacionales vigentes, como estar expresamente fijada por la ley, perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad.

Acciones como el bloqueo obligatorio de sitios web constituyen un acto extremo que sólo podría ser justificado conforme a estándares internacionales, como proteger del abuso sexual a menores de edad. También son acciones incompatibles con la libertad de expresión los sistemas de filtrado de contenido que no pueden ser controlados por los usuarios, impuestos por gobiernos o proveedores comerciales.

Los intermediarios de servicios de Internet, de acuerdo con la declaración, no deberán ser responsables por los contenidos generados por terceros y tampoco se les deberá exigir controlar el contenido generado por los usuarios. Sólo serán responsables cuando omiten la exclusión de un contenido, en cumplimiento de una orden judicial legítima, proferida de conformidad con el debido proceso, y siempre que tengan la capacidad técnica para llevarlo a cabo. A los intermediarios se les debe exigir ser transparentes acerca de las prácticas en la gestión del tráfico o la información y no aplicar ningún tipo de discriminación en el tratamiento de los datos o el tráfico.

En cuanto a las responsabilidades penales y civiles, la declaración señala que la competencia para resolver conflictos originados por contenidos en la red debería corresponder a los estados que tengan más cercanía con la causa. Además, los particulares que se sientan afectados por un contenido difundido en la red sólo deberían poder iniciar acciones judiciales en la jurisdicción donde demuestren haber sufrido un perjuicio sustancial.

Finalmente, los relatores recomiendan a los estados adoptar planes de acción detallados para cumplir con el deber de garantizar el acceso universal a Internet, especialmente para los sectores excluidos como las personas pobres, con discapacidad, o que habitan en zonas rurales alejadas.

Soy un convencido de que la prioridad del gobierno y los legisladores, reitero, no sería regular las redes, si no incentivar que más población en México pueda tener acceso a estos instrumentos, más población y más diversa en sus características (como la edad). Si ya está claro que el Gobierno Federal no abrirá nuevas opciones en televisión de paga, al negarle a Telmex la modificación de su título de concesión para poder entrar a ese mercado – en abierta protección de Televisa–, pues por lo menos que democraticemos al final del periodo el acceso a Internet.

Interesantísimo que los relatores de libertad de expresión del sistema internacional de los derechos humanos, señalen como uno de los elementos claves de esa democratización el tema de la velocidad y el ancho de la banda que debe garantizarse a los ciudadanos.

Es que hoy se convierte en una preocupación real el acceso a Internet de los ciudadanos, mismo que no debería estar tan condicionado por la situación económica de las personas, como actualmente pasa. De acuerdo al estudio de Octavio Islas y Fernando Gutiérrez sobre Hábitos y Percepciones de los Mexicanos sobre Internet y Diversas Tecnologías Asociadas (2009-2010), en México sólo 24.6% de las personas tienen acceso a Internet, 5.6% inferior al promedio regional y 0.1% menor al promedio mundial.

Los países en América Latina y el Caribe que superan a nuestro país en penetración de Internet son: Chile con 50.4%, Argentina con 48.9%, Colombia con 41.7%, Uruguay con 38.3%, Costa Rica con 35.3%, Brasil con 34%, República Dominicana con 31.1%, Venezuela con 28.2%, Perú con 25.8% y Puerto Rico con 25.2%.

Esto nos permite reflexionar en torno a la necesidad de establecer y poner en marcha una verdadera política pública de disminución de la brecha digital, porque las ventajas que se derivan del acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación son muchas, sociales y económicas, y esta división entre quienes tienen acceso y quienes no, está contribuyendo al ya grave problema de distribución inequitativa de la riqueza y del conocimiento. Sí, tenemos que regular, pero para incentivar la reducción de la brecha digital.

Uno de los proyectos más estructurados y sólidos desde varios puntos de vista, técnico, jurídico y económico, lo formuló el hoy ex comisionado de la Cofetel, doctor Rafael del Villar, denominado “Necesidad de Despliegue de una Nueva Red de Banda Ancha en México”.

El texto señala, entre otras cosas, lo siguiente: a) México no alcanzará el objetivo de penetración de banda ancha del 22% para el 2012; b) Hay un rezago creciente frente a otros países con efectos negativos en competitividad y productividad; c) Tenemos un mercado concentrado por falta de competencia y política publicas insuficientes (sin desagregación, ventas atadas, tarifas de interconexión alta, etc.); d) Hay infinidad de poblaciones con bajos niveles de ingreso sin acceso a servicios; e) Los costos de despliegue de red en zonas de baja densidad son muy altos, y f) Existe un potencial congelamiento de la principal banda para ofrecer servicios de datos de banda ancha (2.5 GHz).

Así que para acelerar el desarrollo y penetración de la banda ancha, en particular en poblaciones de entre 500 y 30 mil habitantes, y lograr un balance competitivo en el sector de telecomunicaciones, uno de los caminos más consistentes es “Otorgar a un consorcio privado una concesión en la banda 2.5 GHz con obligaciones de cobertura específicas a cambio de facilitar el espectro y otro recursos del estado (infraestructura CFE, derechos de vía, fibra óptica, con participación accionaria de gobierno”.

El financiamiento requerido para el proyecto, dice el documento, se reduciría entre un 13% y 43% dependiendo del valor que se le asignara al espectro. Tanto WIMAX como LTE permiten el acceso abierto (equipos, aplicaciones y contenidos) y la posibilidad de desplegar una red de alcance de cobertura nacional en 3 años del 89% de la población en el país, esto es, 95 millones de habitantes de los cuales 21 millones habitan en zonas rurales.

El documento considera que el consorcio a nivel nacional o regional podría estar integrado por operadores concesionarios actuales de la banda y proveedores de equipo, lo que sin duda generaría un mercado más competitivo de banda ancha y se tendría mejores logros en materia de cobertura, además de los siguientes beneficios: el acceso a banda ancha le otorga a la población la posibilidad de utilizar servicios de salud, educación, comercio, trabajo, acceso a nuevos mercados, a menor costo que el actual.

De no realizarse, se perderá la posibilidad de obtener una alta rentabilidad social que excede por mucho a la rentabilidad económica privada. La penetración de banda ancha incide directamente en el crecimiento del PIB. Un nuevo consorcio concesionario es un incentivo que generará competencia y mejora en los servicios de forma inmediata. Insisto, si ya se decidió que el servicio de Televisión en México siga siendo tan pobre y tan corto, pues por lo menos que el Internet se haga ancho.