México: precariedad laboral extrema

Reportaje especial/ La Crónica de Chihuahua

La Crónica de Chihuahua
Enero de 2016, 14:54 pm

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Martín Morales

Desde el inicio del presente sexenio, el gobierno federal se ha esforzado en reunir las condiciones que las grandes corporaciones privadas nacionales y extranjeras exigen para invertir en México: oferta de gran cantidad de mano de obra competitiva y barata, legislación laboral “amigable” y sindicalización inexistente o no conflictiva.

El 1º de enero de 2016 entró en vigor el salario mínimo general (SMG) que estará vigente este año, cuyo monto asciende a 73.04 pesos diarios después de que el 11 de diciembre de 2015 la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) aprobara incrementarlo dos pesos 95 centavos, un incremento equivalente al 4.2 por ciento con respecto a los 70.10 centavos del SMG de 2015.

Esta alza no obedeció a un riguroso análisis del mercado laboral mexicano, sino a la aplicación mecánica de una cuota de crecimiento salarial que, supuestamente configurada a partir del nivel inflacionario del año anterior, garantiza a la clase patronal un mayor nivel de plusvalía sobre los ingresos laborales.

El incremento anual promedio del SMG ha sido del cuatro por ciento desde el año 2000 y ha tenido como objetivo ofrecer a los corporativos mexicanos y extranjeros –preferentemente a los de Estados Unidos (EE. UU.) y la Unión Europea (UE)– un “platillo laboral” apetecible. De hecho, esto empezó a ocurrir en 1982 con la implantación del modelo económico neoliberal en México.

Además de los precios de ganga de la mano de obra, el país ofrece a los inversionistas estadounidenses otras ventajas de orden geográfico y económico (materias primas baratas y cercanas, transportación, exenciones fiscales, etc.) que les permiten competir con ventaja con economías emergentes como las del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

En fecha reciente, el gobierno mexicano ha tratado de atraer más capitales trasnacionales ofreciendo sus fronteras Norte y Sur como dos salidas rápidas hacia Europa y Asia.

En EE. UU. es muy caro producir y sus empresarios siempre están mirando hacia afuera en busca de mayores ganancias. El atractivo laboral mexicano para los corporativos trasnacionales de ese país puede ilustrarse con un comparativo:

Desde el pasado 24 de julio el salario mínimo en EE.UU. es de 7.25 dólares la hora; la jornada de ocho horas se paga con 58 dólares y el salario mínimo mensual con mil 740 dólares. Estos ingresos en dólares, al tipo de cambio de 17.50 pesos que prevaleció en diciembre pasado, equivaldrían a 119.87 pesos por hora; a 958.99 pesos al día y 28 mil 779.70 al mes.

¡En México, ni en sueños un trabajador de SMG podría aspirar a un ingreso laboral de este monto! El salario mínimo estadounidense es un referente para la fijación de otros salarios regionales e incluso por rama industrial, lo que no existe en México. En octubre de 2015 se estableció en nuestro país un formato de SMG parejo para todo el territorio nacional, pero en EE. UU. hay entidades en donde el SM local es mucho más alto.

De acuerdo con datos de la experta en migración, María Rodríguez, divulgados en el portal About en Español, en el estado de California el SM es de 10 dólares la hora (175 pesos la hora, mil 400 pesos diarios por ocho horas y 42 mil pesos por mes); en Los Ángeles de 10.50 dólares la hora; en Oakland de 12.35 dólares y en San Francisco de 13 dólares.

Incluso hay casos especiales, como el de la población de Emerville, donde un trabajador obtiene 12.25 dólares por hora cuando se trata de una empresa pequeña y de 14.44 dólares por hora laborada en el caso de las empresas grandes.

En los países de Latinoamérica el SM es de un promedio de 354 dólares mensuales (equivalente a unos 6 mil 195 pesos mexicanos). Pero el caso específico de México resulta extremo. Según el mismo reporte, el SM oficial mexicano equivale a 129 dólares al mes (dos mil 257.50 pesos al mes), es decir, cuatro dólares con 30 centavos por una jornada diaria de ocho horas, es decir, 75.25 pesos al día según el tipo tomado de 17.50 pesos por dólar, cifra promedio calculada por la investigadora muy cercana a los 73.04 pesos diarios fijados como SM para 2016.

Tomando como base los 4.30 dólares diarios de SM oficial mexicano en 2016, convertidos a moneda estadounidense, se trata de 0.5375 dólares por hora, mientras en EE.UU el SM por hora es de 7.25 dólares y como ya se expuso, regionalmente es de hasta 14.44 dólares la hora.

En otra comparación puede citarse a Venezuela, país tan criticado por la propaganda financiero-trasnacional por su presunta “antidemocracia”, donde el SM alcanza 885 dólares, cantidad más alta que la media regional y 6.87 veces mayor al mexicano; en rigor es casi siete veces más alto que el SM de México, el principal socio proveedor y maquilador de los corporativos estadounidenses.

Como podría esperarse, la mencionada investigadora María Rodríguez concluye que “el SM en México es uno de los peores de Latinoamérica”.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), aporta datos que demuestran que el salario promedio pagado en México no alcanza a cubrir las necesidades básicas de la mayoría de los trabajadores ni de sus familias, "lo que lleva a un sentimiento de injusticia y desigualdad reflejándose en un aumento de la violencia organizada, pandillerismo, narcotráfico y en el deterioro del tejido social", indica Rodríguez, quien también pone de relieve que “uno de los problemas más graves es que el 14 por ciento (de los trabajadores mexicanos) ni siquiera gana el mínimo, sino mucho menos".

Precariedad, signo distintivo

Por todo lo anterior, el signo distintivo del país en materia laboral es la precariedad y en materia social la baja calidad de vida, como lo destaca el doctor David Lozano Tovar, experto del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al citar datos del reporte de investigación 122 del CAM, según el cual la pérdida del poder adquisitivo del salario entre 1987 y 2015 se ubicó en cerca del 80 por ciento.

Tan sólo del 1º de diciembre de 2012 a la fecha, es decir, en lo que va de la actual administración federal, la pérdida del poder adquisitivo del salario alcanzó el 9.65 por ciento.

Para dar una idea más clara de la depreciación del salario y de la calidad de vida de la clase trabajadora, Lozano Tovar dijo que mientras el 16 de diciembre de 1987 un trabajador debía laborar ocho horas con 29 minutos para comprar una Canasta Obrera Indispensable (COI), el 13 de octubre de 2015 debió trabajar 51 horas y 44 minutos para comprar lo mismo.

Con base en los datos del estudio del CAM puede establecerse también un comparativo entre el salario mínimo y el costo de la COI: El 16 de diciembre de 1987, el SM era de 6.47 pesos diarios y la COI costaba 6.86 pesos. Calculado al 13 de octubre, cuando el SM era de 70.10 (que sólo aumentó después 4.2 por ciento), el costo de la COI era de 453.68 pesos. Esto significa que el acumulado de la pérdida de poder adquisitivo entre el 16 de diciembre de 1987 y el 15 de octubre de 2015 fue del 83.62 por ciento.

La COI es una canasta de consumo diario de una familia obrera calculada en cuatro personas, dos adultos, un joven y un niño, en la que se incluyen 35 bienes y servicios: 27 alimentos, tres productos de aseo personal y del hogar, transportes como metro, metrobus y microbús, pago de energía eléctrica, gas y agua. No se incluyen otros gastos indispensables como la renta de vivienda, la compra de vestido y calzado; los gastos por educación, salud y diversiones.

Pero desde hace 15 años, el CAM emplea otro tipo de medición al que denomina Canasta Recomendable (CAR), con base en el mismo número de integrantes de un hogar y con elementos de consumo basados en aspectos nutricionales, dieta, tradiciones y hábitos culturales, estructurada por el doctor Abelardo Ávila Curiel, especialista del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán (INN). La CAR está formada por 40 alimentos que no incluyen los gastos de preparación (agua, gas, energía eléctrica), ni gastos por pagos o renta de vivienda, transporte, vestido, calzado, diversiones, educación y salud.

Si se toma como base la CAR en relación con el SM, el 16 de diciembre de 1987 el salario mínimo era de 6.47 pesos diarios y el precio de la CAR de 3.95 pesos. En octubre de 2015, cuando el SM era de 70.10 pesos al día, la CAR costaba 983.46 pesos. Sobre el poder de compra, el estudio indica que el 16 de diciembre de 1987, con un SM de 6.47 pesos al día se podía adquirir el 163.80 por ciento de la CAR, mientras que en octubre de 2015 con SM de 70.10, únicamente podía adquirirse el 34.05 por ciento de la CAR. De diciembre de 1987 a octubre de 2015, según este cálculo, el poder adquisitivo del salario acumula una pérdida del 79.20 por ciento.

Economía maquiladora

Para transformar a México en un país financieramente más atractivo para los corporativos internacionales se emprendieron reformas estructurales neoliberales –entre ellas una laboral, aprobada a finales de 2012 pero que se reglamentó en 2013– que vinieron a consolidar la industria maquiladora a costa, naturalmente, de los derechos laborales de individuos y colectivos, desmoronando al sindicalismo combativo y protegiendo al sindicalismo blanco y charro.

La citada reforma, aplicada al artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo de 1973, que antes operaron como baluartes de la lucha obrera mexicana, acabó con los últimos residuos de los contratos colectivos; legalizó a las empresas outsourcing (terciarias), que realizan contratación individual de multiservicios de mano de obra sin derechos y se cercenaron los derechos de huelga y seguridad social.

En su trabajo de investigación Empleo y Relaciones Laborales, las Maquiladoras en México, los especialistas de El Colegio de la Frontera Norte Jorge Carrillo y Kathryn Kopinak dijeron lo siguiente de la reforma laboral de 2012: “(..) en el nivel sindical o en la regulación del trabajo, pocos han sido los cambios que nos permiten hablar de un impacto positivo en dicha industria (maquiladora); más bien continúa el proceso de flexibilidad laboral y la propia rotación de la gente permite que los conflictos tengan una corta duración y que sea muy difícil constituir sindicatos independientes de manera consolidada. En todo caso los sindicatos subordinados y tradicionales –pero particularmente los primeros– permiten que la precariedad en el empleo continúe (…)”.

Más espacios para el pulpo

El pulpo corporativo trasnacional busca nuevos espacios de operación con más ganancias y seguridad para su capital. Expertos mexicanos en la materia pusieron de relieve que los corporativos inicialmente asentados en el norte del país –mismos que se han visto obligados a mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores, especialmente mujeres– han preferido emigrar hacia otros puntos del país a fin de ampliar sus márgenes de maniobra.

Uno de sus puntos de mira está dirigido hacia el sur del país, precisamente en la región donde el actual gobierno federal proyecta la apertura de Zonas Económicas Especiales (ZEE) en los estados de Chiapas y Oaxaca a fin de que se aprovechen del alto potencial de mano de obra barata, de materias primas y de las ya enunciadas “salidas rápidas” a Europa y Asia por vía de los océanos Atlántico y Pacífico.

La investigadora María Eugenia de la O. Martínez, de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), en su trabajo Geografía del trabajo femenino en las maquiladoras de México, publicado en 2006, resaltaba el movimiento de norte a sur de las maquiladoras en busca de mano de obra de los más pobres del país: “(…) en la frontera con Estados Unidos y al norte del país se instalaron plantas especializadas en el procesamiento de productos electrónicos y de autopartes. En tanto las regiones del centro y sur fueron aprovechadas mayoritaria y crecientemente por ramos como los de la confección y el vestido, en las que se observan bajas remuneraciones y malas condiciones laborales (…)”.

El proyecto presidencial de las ZEE, actualmente en manos del Poder Legislativo, utiliza como argumento una propuesta de solución a la pobreza de esa parte de México, pero en el fondo está sustentado en el formato maquilador conocido en el mundo como de “Zonas Francas” (ZF) o “Zonas de Procesamiento de Exportaciones” (ZPE), elaborado expresamente para que las empresas maquiladoras al servicio de los corporativos trasnacionales exploten al máximo la mano de obra barata.

La periodista investigadora canadiense Naomi Klein, en su libro No Logo, el Poder de las Marcas –publicado en inglés en 2000 y en español en 2002– describió los llamados paraísos laborales ZF o ZPE de la siguiente manera: “(…) no son espacios por donde transitan los artículos, sino donde se fabrican, y donde además no se pagan gravámenes de importación y exportación, y a menudo tampoco por los ingresos ni la propiedad (…)”.

El pulpo corporativo es dueño de la marca de textiles, zapatos, electrónicos, autopartes, etcétera, se ocupa del envío de las piezas de ensamblaje al país maquilador y luego de transportar y colocar los productos terminados en los anaqueles de los mercados del mundo, previo uso del cada vez más sofisticado y efectivo marketing, que crea necesidades y preferencias entre la población consumidora de los países de alto potencial de compra, quienes poseen dinero suficiente para pagar los altos precios internacionales de los productos fabricados a bajísimo costo.

Tras bambalinas, en las citadas zonas paradisiacas, las empresas satelitales de maquila, además de explotar mano de obra y medio ambiente, suelen cambiar frecuentemente de nombre para evadir responsabilidades fiscales, ecológicas y sociales con el apoyo asociado de gobiernos locales y federales.

Ese pulpo requiere formatos especiales de seguridad, por lo que, a la par, como bien describe Naomi Klein, usan servicios de seguridad privada, aunque debe explicarse que no es otorgado por pequeñas empresas como las que dan servicios a firmas locales, sino corporativos trasnacionales de mercenarios de la seguridad privada, de negra memoria en los sitios del mundo donde hay grandes maquiladoras multinacionales.

A lo anterior puede agregarse que hay firmas integradas por personal especializado proveniente de instituciones oficiales estadounidenses como la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la USA Navy (los famosos marines), etcétera.

Un ejemplo de seguridad privada trasnacional lo ofrece la siniestra Blackwater, que ha cambiado constantemente de nombre huyendo de su descrédito mundial –matanzas en Irak haciendo servicio alterno al gobierno de su país– que son contratadas por las firmas comerciales estadounidenses para proteger sus intereses fuera de EE. UU. Dato importante que debemos recordar es que el Congreso mexicano aprobó el año pasado el uso de armas de fuego a agentes extranjeros en zonas específicas del país.

Combatir la lucha obrera

En el ámbito de la defensa obrera, la Red Solidaridad Maquila (RSM), organización independiente de defensa de los derechos laborales, especialmente de las obreras maquiladoras mexicanas, informó tener en marcha una campaña de libertad de asociación sindical:

“La RSM ha estado trabajando con marcas de ropa internacionales, sindicatos y organizaciones laborales para enfrentar los extensos y sistemáticos obstáculos al derecho de las trabajadoras(es) a la libertad de asociación y la negociación colectiva en México, y la falla de las instituciones gubernamentales de México en proteger y hacer cumplir este derecho fundamental en los lugares de trabajo. Uno de los mayores obstáculos a la libertad de asociación de las trabajadoras(es) en México es la prevalencia de los contratos de protección patronales, contratos colectivos simulados que son negociados entre empleadores y sindicatos oficiales o abogados corruptos, que sirven para proteger al empleador del surgimiento de sindicatos verdaderamente representativos y democráticos y de negociaciones colectivas genuinas que busquen mejorar salarios y condiciones de trabajo. Los contratos de protección son negociados sin el conocimiento y/o consentimiento de las trabajadoras(es) y con frecuencia se firman aún antes de la contratación de cualquier trabajadora (or). Expertos laborales mexicanos estiman que la vasta mayoría de los contratos colectivos de trabajo en el país son de hecho contratos de protección”.

Añade: “La RSM se ha relacionado con marcas de ropa que se aprovisionan en México para promover un clima positivo para la libertad de asociación en las fábricas que producen sus artículos, y para desafiar el uso de los contratos de protección en sus cadenas de proveedores. Algunos de los pasos proactivos que pueden dar las empresas incluyen mapear la presencia de contratos de protección en sus fábricas proveedoras, promover la conciencia de las trabajadoras(es) sobre sus derechos de libertad de asociación y negociación colectiva, mejorar las auditorías para identificar y abordar los contratos de protección y otros obstáculos a la libertad de asociación y la negociación colectiva y más”.

El 15 de diciembre pasado el diario inglés The Guardian publicó una nota en la que evidenció el despido fulminante de un centenar de empleados mexicanos de Lexmark (maquiladora instalada en Ciudad Juárez) porque habían demandado un incremento salarial de seis pesos; es decir, pretendían de 114 a 120 pesos su salario diario, además de que se diera reconocimiento legal al sindicato que organizaban. Visto en términos de dólares, los obreros de Lexmark ganaban 6.50 dólares diarios. Su demanda era ganar 6.94 dólares, es decir, pedían un aumento de 0.35 centavos de dólar. Como resultado, los echaron del empleo.

El diario inglés reprodujo declaraciones de la trabajadora Miriam Delgado, de 37 años de edad, quien había laborado cinco años para la firma. “Ellos no dan máscaras o guantes para protegernos, mucha gente tiene las manos lastimadas. Ellos cortan nuestros salarios por llegar aunque sea un poco tarde, incluso si nuestros niños están enfermos y tenemos que llevarlos al hospital, y tenemos que soportar el acoso de los supervisores. Ellos despiden a aquellos de nosotros que están tratando de organizarse y luchar. Nada ha cambiado en Juárez, seguimos forzados a levantarnos contra las injustas e indignas condiciones laborales. Yo no sé qué haré, pero no puedo trabajar más en fábricas”.

En su nota informativa The Guardian resaltó este dato complementario: “(…) con aproximadamente 300 mil obreros, Ciudad Juárez puede considerarse como foco del sector manufacturero del país. Sin embargo, en la región no existe ningún sindicato independiente, con todo y que –según los que organizan las manifestaciones– las condiciones de trabajo no han mejorado en décadas (…)”.

Denuncias como ésta se multiplican. Los abusos proliferan en cualquier sitio donde operan las maquiladoras de los esclavizadores pulpos corporativos, beneficiarios de la extrema precariedad laboral mexicana.